El presidente de Yemen rechaza por tercera vez firmar su renuncia al poder

Hombres armados simpatizantes del presidente de Yemen, Ali Abdalá Saleh, han mantenido cercada durante varias horas este domingo la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Saná, donde estaban reunidos embajadores de Estados Unidos, Europa y cinco miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para intentar, después de dos intentos fallidos, que el mandatario yemení firmara el acuerdo que su propio partido y la oposición pactaron el 24 de abril para facilitar la transición en el país. Tras varias horas retenidos, Saleh ha rechazado de nuevo suscribir el pacto, que prevé su dimisión en 30 días y la celebración de elecciones en tres meses, y los diplomáticos han sido evacuados en helicópteros.

Saleh había amagado ya dos veces con firmar el acuerdo, diseñado por el GCC y apoyado por EE UU y la UE para acabar con las multitudinarias manifestaciones que exigen su dimisión. Y la presencia amenazadora de sus seguidores en los alrededores de la Embajada de Emiratos Árabes durante la reunión de los enviados internacionales hacía suponer que en esta ocasión tampoco iba a hacerlo. No hay constancia de que se hayan producido episodios violentos en torno a la sede diplomática.

Ayer, después de que la oposición firmara el acuerdo, Saleh volvió a esgrimir el argumento que ha venido utilizando hasta ahora para eludir la firma: el plan es una "operación golpista" y solo lo aceptó por la presión de EE UU y la UE. "Ese plan, con el que tratamos de manera positiva por el interés del país, es en realidad una operación golpista, pero aceptamos tratar esa iniciativa por presiones y agenda extranjeras que comenzaron desde Túnez, y luego en Egipto, Bahréin y Omán", subrayó ayer el presidente en un discurso con ocasión del XXI aniversario de la unificación del país.

En medios diplomáticos existe la convicción de que si Saleh, que lleva 32 años al frente de Yemen, no acepta transferir el poder, el país se encamina hacia una guerra civil. Desde hace tres meses un movimiento popular contesta su legitimidad en la calle y la mayoría de la élite dirigente ha llegado a la conclusión de que la única salida pacífica a la crisis es que el presidente abandone el cargo.