El nudo gordiano de Bélgica

La Bélgica en constante vaivén institucional acudirá a mediados de junio de nuevo a las urnas en unas elecciones anticipadas fruto de los seculares desacuerdos entre flamencos y valones. La causa formal de la consulta ha sido la caída de un Gobierno de coalición de partidos flamencos y valones incapaz de cortar el nudo gordiano de la circunscripción electoral de Bruselas-Hal-Vilvorde (BHV), que encarna las debilidades y recelos del inestable sistema federal belga. En un país abocado a la nitidez lingüístico-cultural fruto de la estricta separación constitucional entre neerlandófonos de Flandes, al norte, y francófonos de Valonia, en el sur, el mestizaje de BHV (donde se mezclan unos y otros) es una anomalía que cuesta liquidar.

En la pureza lingüística de Flandes hay 'manchas' francófonas

Visto de cerca, el conflicto de BHV es tan complejo que hasta la propia prensa belga ha tenido en estos días que publicar páginas informativas con titulares del tipo BHV para tontos o ¿Qué es eso de BHV? Puesta en perspectiva, la cuestión es más simple: limpiar BHV de las manchas francófonas que enturbian la pureza lingüística de Flandes permitirá a los flamencos convertir en frontera política la frontera que divide al país en función de la lengua desde 1963. En ese caso, y si la cuerda del federalismo se sigue estirando hasta romperse, la Flandes monolingüe estaría en mejor situación para reclamar la escisión del país. Es un supuesto teórico llevado al extremo, con un horizonte temporal imposible de determinar, aunque los más locuaces hablen de unos 20 años.

La Bélgica que hoy conocemos nació en 1830 con muchos condicionamientos y con el pecado original de optar por el francés de las élites nacionales (bruselenses, valonas y flamencas) como lengua oficial, en detrimento del neerlandés, a la sazón un conjunto de dialectos de las zonas más desfavorecidas del país. Ese pecado lo siguen purgando hoy los belgas, pese a que el desajuste original haya sido reparado con sucesivas reformas lingüísticas y de forma de Estado para acomodar la pujanza de la mayoritaria Flandes. Si 1963 fijó la frontera lingüística que divide el país en dos mitades, 1970 vio la primera reforma constitucional hacia el federalismo. Cinco reformas después, el régimen federal belga sigue en evolución y la próxima reforma, sexta de la serie, es la que no ha podido comenzar el Gobierno recién caído de Yves Leterme.

En Bélgica, la circunscripción para las elecciones parlamentarias es la provincia, cinco a cada lado de la frontera lingüística. Dado que el sistema institucional belga impide la existencia de partidos nacionales, los habitantes de Flandes votan exclusivamente por partidos neerlandófonos y los de Valonia, por los francófonos.

La provincia del Brabante flamenco, cuya mitad occidental cubre BHV, es la anomalía a ese régimen polarizado. En la parte Hal-Vilvorde (HV), mayoritariamente neerlandófona, habitan unos 165.000 francófonos que pueden votar por candidatos de la francófona región de Bruselas capital (francófona en más del 85%). Además, esos francófonos tienen derecho a comparecer ante el juez en su propia lengua. El propio Tribunal Constitucional ha considerado tal situación (francófonos en tierra de Flandes votando por partidos francófonos de otra región) como una anomalía del régimen general que debe desaparecer. La singularidad se ve subrayada por el hecho de que en seis de los 35 municipios de HV, con población francófona que oscila entre el 40% y el 85%, rige un acuerdo ("comunas con facilidades") que les permite mantener relaciones en su lengua con las autoridades locales y cierta autonomía educativa y cultural.

Hasta ahora, todas las reformas institucionales se habían hecho por consenso. Pero la crispación creada por BHV se ha ido apoderando del terreno. Prueba de ello es que por primera vez los partidos flamencos intentaron imponer la pasada semana la separación entre Hal-Vilvorde y Bruselas para aplicar a todos los vecinos de HV el régimen electoral general. Los parlamentarios francófonos paralizaron el golpe recurriendo a la provisión constitucional pensada para defender a una comunidad lingüística que se sienta amenazada por la otra.