La mitad de los diputados de los Comunes cobraron gastos de más

El escándalo de los gastos excesivos cobrados por los diputados de los Comunes ha alcanzado hoy su teórico punto final con la conclusión de los variados informes encargados en su día para ventilar el cargado ambiente político. La estadística dice que a 390 de los 752 legisladores se les ha atribuido el cobro de gastos excesivos entre 2004 y 2008 y que estos se elevaron a 1,3 millones de libras (1,49 millones de euros).

Sin embargo, 17 de ellos han conseguido que se anularan esas reclamaciones en su totalidad, por lo que en puridad las cifras finales del fraude -si no jurídico, sí moral- es de 373 diputados pecadores (el 49,6% de la cámara) por un total de 1,11 millones de libras (1,28 millones de euros). El lado tragicómico de este escándalo, que estalló en mayo pasado, es que la auditoría para estimar los gastos excesivos de sus señorías ha costado aún más que el total de dinero a devolver: 1,37 millones de euros.

Las consecuencias políticas del escándalo, que ha deteriorado seriamente el prestigio del Parlamento británico, aún están por determinar. Pese a los esfuerzos de los líderes de los partidos políticos para que sus diputados paguen y callen y dar así carpetazo al asunto, no todos quieren callar. Más de 70 han recurrido las cifras que se les reclamaban y de momento 44 de ellos han ganado total o parcialmente esas apelaciones. En su informe, el alto funcionario sir Thomas Legg reclamaba 1,3 millones de libras a los diputados, pero esa cantidad se ha visto reducida hasta ahora en 180.000 libras por las apelaciones decididas por el ex juez sir Paul Kennedy.

El juez Kenendy ha criticado al funcionario Legg por aplicar nuevos topes de gastos con efectos retroactivos, pero este ha defendido su posición con el argumento de que las reglas eran "vagas", el sistema "profundamente defectuoso", que los diputados autocertificaban la propiedad o impropiedad de sus reclamaciones de gastos, se autoevaluaban sin que nadie les controlara y en muchos casos han incumplido el precepto general de que sus gastos han de ser por asuntos específicos relativos a su actividad parlamentaria y en cantidades proporcionadas.

Sir Thomas subraya también en sus conclusiones que la Administración de los Comunes, encargada de revisar y autorizar o denegar el dinero reclamado, actuaba siguiendo una "cultura de deferencia" hacia sus señorías. Es decir, que un gasto tenía que ser clamorosamente impropio para que el funcionario de turno se atreviera a denegar su reclamación al diputado.

Del total de dinero reclamado a los diputados han sido abonadas hasta ahora 800.000 libras y hay de plazo máximo hasta el 22 de este mes para completar las devoluciones pendientes. Si no lo hacen, el Gobierno se ha comprometido a proponer que la Cámara otorgue poderes para que esas cantidades puedan ser descontadas del salario de los diputados que se niegan a pagar.

La deshonrosa medalla de oro a la mayor reclamación individual ha acabado recayendo en la laborista Barbara Follet, subsecretaria de Estado de Gobierno Local, a la que se le reclaman el equivalente a 48.640 euros, la mayoría de ellos por "seguridad móvil" en su segunda residencia. La medalla de plata ha sido para el conservador Bernard Jenkin (41.528 euros) y la de bronce para el también conservador Andrew MacKay (35.735 euros). MacKay tiene el dudoso honor de haber ganado la medalla de oro por parejas porque su esposa, la diputada conservadora Julie Kirkbride, tiene que devolver 33.501 euros. Juntos suman 69.236 euros.

También ha habido triunfadores. La reclamación más insignificante ha recaído en el laborista Mike Gapes, que ha de devolver 40 peniques. Pero el diputado más satisfecho es quizás el conservador Peter Lilley, al que la reclamación inicial de 47.035 euros ha sido reducida a cero tras la apelación presentada ante el juez Kennedy. La ex ministra Hazel Blears, que se vio obligada a dimitir pese a devolver 15.273 euros por ganancias de capital no declaradas, ha visto ahora reducida la reclamación a 258 euros porque lo que hizo no iba contra las reglas.

Como se sabía, de entre los líderes de los partidos el peor parado es el primer ministro, el laborista Gordon Brown, obligado a devolver 15.721 euros sobre todo por excesivos gastos de jardinería. Al conservador David Cameron tan solo se le reclaman 271 euros y al liberal-demócrata Nick Clegg 1.042 euros.

A la larga, los peor parados pueden ser tres diputados laboristas y tres lores (dos conservadores y una laborista), que hoy sabrán si la policía presenta cargos contra ellos porque sus casos pueden constituir delito.