El integrismo avanza en Pakistán

Los problemas para ejercer la libertad religiosa han convertido a Pakistán en un "país de especial preocupación" para Estados Unidos. Así lo recoge el último informe de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, una agencia financiada por el Gobierno norteamericano para vigilar la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Aunque el Departamento de Estado todavía no ha hecho suya esa recomendación, el texto hecho público el pasado viernes constata el aumento del peso y el alcance de los grupos extremistas religiosos en lo que va de año.

La citada comisión expresa su preocupación porque el Gobierno de Islamabad no actúa con la suficiente contundencia para frenar la violencia sectaria contra las minorías religiosas. Pakistán se suma así a un club en el que también están Irán, Irak, China, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán o Vietnam, entre otros. Lo que es más grave, su informe recoge testimonios de observadores paquistaníes y extranjeros que vinculan a los servicios secretos tanto con los talibanes como con otros grupos violentos, tal que Lashkar-e-Tayba.

Los musulmanes chiíes también son víctimas de ataques de fanáticos suníes

El texto denuncia que la ideología sectaria de que hacen gala esas organizaciones sigue enseñándose en muchas escuelas coránicas del país. Aunque, a mediados de 2005, las autoridades procedieron a registrar esas madrazas, apenas han tomado medidas para controlar sus currículos o sus fuentes de financiación.

Al final, esas enseñanzas son el fermento que está detrás de la mayoría de los incidentes violentos que sufren las minorías. Tanto chiíes (que suponen cerca de un 20% de la población), como cristianos, hindúes y ahmadis (que juntos apenas suman un 5%) siguen siendo objeto de amenazas y ataques por parte de fanáticos suníes que no aceptan credos distintos al suyo.

El último incidente afecta a 35 familias sijs de Orakzai, una de las siete agencias tribales federalmente administradas (FATA, en sus siglas inglesas). Según reveló la cadena privada GEO TV la semana pasada, los talibanes detuvieron a dos líderes de esa comunidad, Klank Singh y Sewa Singh, y les han exigido que paguen un impuesto llamado yaziya, que en los tiempos del califato los musulmanes imponían a quienes no profesaban el islam.

La extorsión no es despreciable. Inicialmente les pedían 50 millones de rupias (medio millón de euros), que luego rebajaron a 15 millones. Aún así, como la comunidad no ha podido reunir esa cantidad, los extremistas se han apropiado de sus casas y sus pequeños negocios, y al parecer los han subastado. Las familias afectadas se han visto obligadas a abandonar la zona, donde vivían desde hace generaciones.

Si el control del Gobierno central sobre esas regiones tribales es como máximo tenue, no puede decirse lo mismo de Shahiwal. En ese distrito del Punjab situado entre Lahore y Multan, una docena de familias cristianas se han visto obligadas a huir de sus hogares tras ser tachadas de blasfemas. El confuso incidente, del que la propia policía sospecha que se trata de un montaje, vuelve a poner sobre la mesa la polémica ley aprobada en tiempos de Zia ul Haq por la que cualquiera acusado de insultar al islam, su profeta o su libro sagrado puede ser condenado a muerte con el simple testimonio de un musulmán. Desde entonces, se han sucedido los abusos.

El nuevo ministro para las minorías, Shahbaz Bhatti, ha prometido revisar las leyes sobre la blasfemia. En su informe, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional expresa su satisfacción por el nombramiento de Bhatti que es un conocido defensor de los derechos de las minorías. También menciona como un paso positivo del Gobierno de Asif Ali Zardari la designación el pasado marzo de un jurista cristiano como magistrado del Tribunal Supremo de Lahore.