La fiscalía hondureña pide la detención de los militares golpistas

La fiscalía de Honduras ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del entonces presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y la apertura de un proceso judicial por delitos de abuso de autoridad y expatriación (prohibida por la Constitución).

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, ha explicado que el Ministerio Público ha presentado un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales. Según Salgado, el recurso ha sido enviado a la Corte Suprema porque se trata de "altos funcionarios" del Estado. El tribunal deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.

Esta iniciativa fiscal puede tener, sin embargo, un recorrido limitado, pues el Congreso Nacional tiene pendiente discutir el próximo lunes una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya. Además, la Corte Suprema se pronunció en noviembre pasado contra la restitución de Zelaya en la presidencia, a menos que se sometiera a los juicios que tiene pendientes. El presidente depuesto, acusado de violar la Constitución para intentar reelegirse, se enfrenta a seis cargos, entre ellos el de alta traición.

El general Romeo Vázquez ha declarado que desconoce la acción del Ministerio Público, pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", asegura. Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del Ejército, general Miguel Angel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Por su parte, Zelaya considera que la acción de la fiscalía busca "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el pasado junio cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron. "Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme", ha explicado. Según el presidente depuesto, "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado [Luis Rubí] con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".

Presión de EE UU

La acción de la fiscalía contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, que se ha desplazado a Tegucigalpa para analizar la crisis política desatada por el derrocamiento de Zelaya. Kelly llegó a Tegucigalpa el martes y comenzó su agenda con una visita a Zelaya en la Embajada de Brasil, donde éste permanece refugiado desde su regreso por sorpresa al país, el 21 de septiembre pasado. Después, el alto cargo estadounidense se reunió con el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, que asumirá el cargo este 27 de enero tras haber ganado las elecciones del 29 de noviembre, y posteriormente mantuvo un encuentro con Micheletti.

Micheletti subrayó este miércoles de nuevo que, pese a la presión ejercida desde Estados Unidos, no renunciará al cargo hasta que el próximo día 27 se formalice el traspaso del poder. Según el presidente de facto, Estados Unidos ha ofrecido a Tegucigalpa "muchos millones de dólares de ayuda" a cambio de su retirada, lo que califica de injerencia.

No sólo EE UU ha presionado a Micheletti para que renuncie a la presidencia. El propio Lobo, sin criticarle frontalmente, le sugirió ayer que recapacite acerca de la importancia de una dimisión previa a la ceremonia del día 27, lo que sería "la mejor decisión" para los hondureños y un gesto de buena voluntad para la comunidad internacional. El dirigente electo pidió el cumplimiento del estancado acuerdo Teguciglpa-San José con el que se pretendía poner fin a la crisis política, en el que se incluyen, entre otras medidas, una amnistía que permitiría a Manuel Zelaya abandonar la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.