La fiebre del oro se desboca en Perú

Durante décadas, la región selvática de Madre de Dios, en el extremo sureste del Perú, vivió con códigos similares a los del lejano oeste norteamericano. Considerada una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo, la región aloja varios parques y reservas nacionales, pero también -y esa es su desgracia- ríos ricos en oro que han dado lugar a una actividad minera cada vez más febril, siempre informal y cada vez más contaminante debido a la deforestación de los bosques y al mercurio que los mineros emplean para obtener el mineral y luego desechan tirando al río.

El Gobierno de Perú -el país es el sexto productor del mundo de oro- parece decidido a poner orden y ha elaborado un decreto, que entró en vigor en febrero, para limitar la actividad minera: establece zonas de exclusión minera en Madre de Dios y pautas para ordenar la actividad, como prohibir las embarcaciones que dragan el fondo de los ríos y que, según el Gobierno, son costosas máquinas que no pueden considerarse pequeña minería. Además, el Ejecutivo también quiere reducir la contaminación y que todos los trabajadores que extraigan oro paguen impuestos.

Pero el decreto se ha encontrado con la férrea oposición de los mineros de Madre de Dios, que el domingo iniciaron una huelga indefinida que ha sido apoyada por sus colegas de otras regiones, que temen que después se les imponga una legislación similar. Todos ellos piden la anulación del decreto. En Arequipa, donde 6.000 mineros bloquearon en señal de protesta la carretera Panamericana a la altura de la localidad de Chala (600 kilómetros al sur de Lima), un enfrentamiento con la policía terminó el domingo con seis muertos.

La magnitud del negocio en juego es considerable. Madre de Dios es responsable del 9,5% del oro que se extrae en Perú. En la región se producen 16 toneladas de oro al año, por un valor de cerca de 600 millones de dólares (unos 450 millones de euros).

Quienes han visitado la zona de Madre de Dios la describen como un lugar prácticamente liberado de la presencia del Estado. En Gobierno ha dejado de conceder licencias de explotación para intentar frenar la actividad y la contaminación, pero esa iniciativa no ha servido de mucho. "Hay zonas donde un periodista no puede entrar, ni siquiera un policía, porque hay 10.000 o 15.000 mineros que ejercen la actividad de manera informal y en ellas incluso se prostituyen niños", explica Juan Perry, congresista por dicha región. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que varias decenas de miles de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad.

El Ejecutivo asegura que detrás de los mineros hay empresarios de otras nacionalidades que son los que llevan las operaciones e impulsan las protestas. Pero la gente del lugar responde que el Gobierno ha promovido las inversiones de las grandes compañías -con métodos de extracción del oro menos contaminantes- en la zona, pero ha hecho muy poco para frenar la pobreza, que afecta a más de un tercio de los peruanos.

El daño ambiental que ha causado la actividad en la región ya es considerable: unas 18.000 hectáreas de bosque amazónico destruidas y ríos con concentraciones de mercurio y otros contaminantes varias veces por encima de los límites aceptables.

El Gobierno ha dicho que negociará con los mineros que estén dispuestos a legalizar su situación laboral, pero descarta la derogación del decreto. El presidente Alan García la ha calificado como "minería salvaje" y ha ratificado que no la va a seguir permitiendo. "Algún día Brasil puede organizar una protesta contra nosotros porque todo lo que sale de Madre de Dios termina en Brasil o termina en el río Amazonas", declaró.