Trujillo pide auxilio

Más de 10.000 personas marcharon ayer por las calles de Trujillo, la tercera ciudad más grande de Perú, para pedir paz y seguridad. La marcha, que fue convocada por el arzobispo Miguel Cabrejos y contó con la presencia de las más importantes autoridades de la región, puede considerarse un grito de auxilio.

Trujillo, un importante centro comercial y turístico ubicado en la costa peruana, a 600 kilómetros al norte de Lima, con atractivos como la ciudadela de barro de Chan Chan y las huacas del Sol y de la Luna, viene sufriendo los estragos de una espiral de violencia que la ha convertido en la urbe más violenta del país. El alcalde, César Acuña Peralta, ha pedido, con carácter de urgencia, un refuerzo de al menos mil policías para la ciudad.

La crisis de inseguridad de Trujillo data de varios años atrás, pero en los últimos meses ha tomado mayor dimensión debido a las denuncias periodísticas, que aseguran que la policía ha formado escuadrones de la muerte para matar a los delincuentes que tenían aterrorizada a la ciudad. De acuerdo con estas denuncias, la policía trujillana, amparada en un reciente decreto legislativo que exime de responsabilidad penal a los efectivos que usan sus armas en enfrentamientos con delincuentes, ha montado varias supuestas balaceras para disimular ejecuciones extrajudiciales.

Al menos nueve casos de este tipo están siendo investigados por la fiscalía, que ha denunciado, entre otros, al coronel Elidio Espinoza Quispe, acusado de encabezar los supuestos escuadrones, que, por cierto, gozan de apoyo entre los trujillanos, como han evidenciado algunas manifestaciones de apoyo y diversos foros de Internet.

El más grave problema de Trujillo actualmente es la extorsión. Al menos 20 bandas dedicadas a esta actividad operan en la ciudad, de acuerdo con la policía. Es bien sabido que prácticamente todos los transportistas de la ciudad pagan cupos o tarifas de protección, que van desde un sol (0,24 céntimos de euro) diario, en el caso de los mototaxistas, que se cuentan por miles. También los grandes empresarios están amenazados: de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de la región la Libertad, siete de cada diez comerciantes de los distritos periféricos del El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora pagan cupos que pueden llegar a los 3.000 soles mensuales (alrededor de 710 euros), aunque, por miedo a las represalias, son pocos los que denuncian el hecho.

Las bandas operan con tanta impunidad que incluso se permiten pegar autoadhesivos en los cristales de los vehículos como constancia de que están bajo protección. En los últimos meses, no obstante, los enfrentamientos entre organizaciones se han incrementado y han dejado un saldo de al menos 30 muertos en las calles. Las autoridades y empresarios temen que la inseguridad aleje a los turistas de la ciudad.

El Gobierno niega enfáticamente los abusos policiales, aunque ha señalado que las denuncias serán investigadas. "No podemos acabar con la delincuencia con la violencia de las instituciones del Estado", declaró ayer el ministro del interior, Octavio Salazar, ante la comisión de seguridad ciudadana del Congreso, que lo citó para que responda sobre estas acusaciones.

Salazar se presentó ante los parlamentarios acompañado del director general de la policía, el jefe de la región y el cuestionado coronel Quispe Espinoza. Terminada la reunión, el ministro anunció que la policía destinará más efectivos a la ciudad de Trujillo.