La Junta egipcia es el nuevo Mubarak

La revolución egipcia ha entrado en una fase crítica. A solo una semana del inicio de las elecciones parlamentarias, la violencia vuelve a hervir en El Cairo y el Gobierno interino, abrumado por la brutalidad policial y por el creciente número de muertos, ha presentado su dimisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El futuro del país está en suspenso.

Los manifestantes, que anoche volvían a concentrarse en El Cairo, exigen a los militares, en el poder desde que en febrero dimitió el presidente Hosni Mubarak, que vuelvan a los cuarteles y cedan paso a un Gobierno civil libre de tutelas. Soldados y policías ejercen una represión durísima en la plaza de Tahrir y sus alrededores: al menos 22 personas han muerto, 33 según fuentes médicas, y más de 1.700 han resultado heridas en tres días de protestas. Hoy ha sido convocada otra manifestación masiva.

Los manifestantes demandan un Gobierno civil libre de tutelas

El Ejército quiere ejercer el veto sobre las leyes y decidir su presupuesto

El mariscal Mohamed Tantaui, jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y en la práctica dictador de Egipto, mantiene la convocatoria electoral para el próximo lunes. Pero la caída del Gobierno y la actual situación en las zonas céntricas de El Cairo, Alejandría y otras ciudades, precisamente aquellas en las que debe votarse el lunes próximo en primera vuelta, hacen difícil prever unos comicios pacíficos y mínimamente regulares. La celebración de elecciones está en duda.

Tantaui, fiel colaborador de Mubarak durante toda su carrera, reconoció en febrero la "soberanía popular" representada por los manifestantes y se comprometió a permanecer en el poder solo seis meses, lo necesario para que la ciudadanía eligiera en septiembre un Parlamento constituyente y un Gobierno de transición. Las cosas se torcieron desde entonces. Las elecciones no se convocaron para septiembre, sino para el 28 de noviembre, bajo un sistema tan confuso (la votación debería realizarse por fases y durar hasta principios de enero) que solo los expertos logran comprenderlo.

Tantaui ha actuado como un dictador militar clásico, con el único objetivo de convertir al Ejército en un poder intocable y con capacidad de veto sobre cualquier futura administración civil.

El Gobierno técnico nombrado por los militares ha demostrado ser un títere. El Gabinete aceptó que Tantaui conservara prácticamente intacta la policía política de Mubarak, tras un simple cambio de denominación; aceptó que se mantuvieran los juicios militares contra civiles (más de 12.000 desde febrero); aceptó que la tortura siguiera siendo práctica habitual; y aceptó que la policía cargara desde el sábado de forma salvaje contra los manifestantes en la plaza de Tahrir. Incluso la pasividad del Gobierno, sin embargo, ha llegado al límite: anoche decidió renunciar en bloque, dejando al Ejército y a los manifestantes cara a cara, sin ninguna intermediación civil.

Tantaui y la cúpula militar intentaron pactar una transición limitada con los Hermanos Musulmanes, islamistas más o menos moderados, que cuentan con el partido más grande y organizado del país y son quienes más posibilidades tienen de ganar las elecciones. Los Hermanos Musulmanes ya se habían habituado a cooperar de una forma tácita con el régimen de Hosni Mubarak, bajo el que, pese a ser ilegales, llegaron a disponer de numerosos escaños independientes en el Parlamento y de una enorme influencia social. La coordinación entre el Ejército y los islamistas moderados (en comparación con el extremismo religioso de los salafistas) permitió marginar a los protagonistas de la revolución de febrero, jóvenes y profesionales que aspiraban a vivir en una democracia laica y representativa.

Desde febrero hasta hoy, el desencanto y la ira se han extendido entre la ciudadanía egipcia. La economía y la seguridad pública se han deteriorado y la perspectiva de un futuro democrático se ha oscurecido. Solo el consenso entre militares e islamistas ha evitado un colapso. Pero ese consenso empezó a resquebrajarse hace unas semanas, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció su intención de erigirse en "garante de la Constitución" después de las elecciones.

La "protección constitucional" que ofrece el Ejército consiste, en realidad, en un rechazo a reconocer la plena soberanía del nuevo Parlamento. Los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quieren detentar la opción de veto sobre cualquier artículo de la futura Constitución que no les parezca apropiado y quieren decidir su propio presupuesto, manteniéndolo en secreto. Los Hermanos Musulmanes y la mayoría de los partidos consideran inaceptables esas exigencias.

Esa es la situación que ha desembocado en las protestas iniciadas el pasado viernes. En principio, los islamistas optaron por mantenerse al margen. Pero la brutalidad policial y el rápido crecimiento del número de víctimas han llevado a todos los partidos reformistas, Hermanos Musulmanes incluidos, a bendecir la nueva revuelta de Tahrir. Como el 25 de enero y las jornadas posteriores, los muertos y heridos constituyen la convocatoria más potente. Las víctimas del sábado atrajeron el domingo hacia Tahrir una multitud aún más numerosa e indignada; las víctimas del domingo incrementaron las protestas del lunes.