España pide a la ONU que declare ilegal la independencia de Kosovo

España hizo ayer un canto al derecho internacional y a la autoridad de Naciones Unidas para rechazar la declaración unilateral de independencia de Kosovo, efectuada en febrero de 2008. El argumento legalista español, expuesto ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), máximo órgano judicial de la propia ONU, contrasta con el pragmatismo de EE UU. Washington considera inevitable la secesión y asegura que ha servido para estabilizar los Balcanes. Y lo que es más importante: propicia un futuro en paz, para Serbia y Kosovo, en el seno de la UE.

Belgrado ha pedido a los jueces una opinión consultiva sobre la secesión, que no reconoce al considerar a Kosovo parte inalienable de su territorio. De ahí que el TIJ haya llamado a los miembros de la ONU para analizar la situación. Una treintena de países ha aceptado la invitación, y a la delegación española le llegó el turno ayer. De mano de su jefa, Concepción Escobar Hernández, consejera jurídica de Exteriores, basó su presentación sobre tres argumentos: la "integridad territorial de Serbia", el "carácter provisional de las instituciones kosovares, que no facultaban la secesión", y "la imposibilidad de actuar de espaldas a la ONU".

La secesión debe ser acordada por las dos partes, según la delegada española

Para España, el Consejo de Seguridad "está en el centro del proceso sobre el futuro de Kosovo, y no propuso en su día la independencia. Dada la situación de la región (con las guerras balcánicas todavía recientes), en 1999, su resolución 1.244 facultó un régimen provisional que contemplaba el futuro de Kosovo. Pero siempre dentro del marco internacional regido por el imperio de la ley", según dijo. En su opinión, aunque este caso tiene una parte política clara, "no puede declararse la independencia por deseo exclusivo de una de las partes".

España subrayó asimismo los límites del derecho a la autodeterminación. "No es absoluto. Reconocemos que los derechos de los individuos vertebran las leyes internacionales. Y aunque haya países que ven la secesión como un remedio contra las violaciones de los derechos humanos, no es éste el caso. La resolución 1.244 ya incluye los de las minorías. No había, por tanto, nuevos elementos que justificaran una separación. La misma choca con los poderes del Consejo de Seguridad, garante de la seguridad internacional", señaló la jurista española. "Frente a la política de hechos, apelamos a la fuerza del derecho". Rusia, que también habló ayer, comparte la postura española.

La nota de realismo político la puso EE UU. Harold Hongju Koh, asesor del Departamento de Estado, dijo que la independencia no quiebra el principio jurídico de integridad territorial. "La resolución no se refería a Serbia, sino a la antigua Yugoslavia. Y si ahí caben Serbia y Montenegro, Kosovo también". Contrario a "retroceder en la historia, como pide Belgrado, porque eso sí va contra el derecho internacional", el jurista pidió sin rodeos amplitud de miras a los jueces. "Consideren las circunstancias únicas de Kosovo, vean que no había acuerdo entre las partes, y no perturben el único futuro posible para Serbia y Kosovo, su ingreso en la UE".