Detenido el último miembro de los 'escuadrones de la muerte' peruanos

La policía peruana capturó ayer al último miembro que seguía prófugo del Grupo Colina, el escuadrón militar al que se atribuyen las violaciones de los derechos humanos durante el Gobierno de Alberto Fujimori, en la década de los noventa. Jesús Sosa Saavedra fue detenido cuando caminaba solo por el distrito limeño de Barranco. No se resistió al arresto, pero sí se negó a dar su nombre hasta que fue identificado comparando sus huellas digitales y su fotografía en los registros de personas buscadas por la justicia.

A Saavedra, ex suboficial del ejercito que tenía como apodo Kerosene, por su costumbre de calcinar los cuerpos de sus víctimas, se le acusa de ser el jefe de uno de los tres grupos operativos en los que estaba dividido el Grupo Colina, responsable, entre otras acciones, de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que actualmente se está juzgando al ex presidente Alberto Fujimori.

Según Gloria Cano, abogada de los deudos en dicho proceso, Saavedra es responsable de por lo menos 37 muertes.

Además de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta —en ellas murieron 25 personas—, se le atribuye participación en otras acciones, como el asesinato de nueve campesinos en la provincia de Santa, al norte de Lima, y la desaparición de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Mariella Barreto, que supuestamente había filtrado a la prensa información sobre las acciones del Grupo Colina.

Ayer, en breves declaraciones a los periodistas que llegaron a la comisaría de Barranco, se definió como "un soldado" y dijo que "lo que había realizado era por el país".

Sosa, como el resto de integrantes del Grupo Colina, fue procesado por la justicia militar y luego amnistiado por el Gobierno de Fujimori. Ahora, sin embargo, se enfrenta a procesos en tres juzgados civiles.

Además, es prácticamente segura su comparecencia como testigo en el juicio que se sigue a Alberto Fujimori, en el que ya han participado otros miembros del destacamento militar, incluidos sus jefes, los mayores Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe.

Al ex presidente peruano se le acusa de secuestro y homicidio calificado por haber impuesto la guerra sucia como política de Estado para combatir al terrorismo. La fiscalía suprema ha solicitado para él una condena de 35 años de prisión.