El Congreso frena la ley sobre tierras indígenas en Perú

Las comunidades nativas y campesinas peruanas ganaron ayer un importante pulso al Gobierno de Lima al lograr, tras más de 10 días de paros y manifestaciones, que el Congreso derogara dos polémicos decretos legislativos -normas dictadas por el Ejecutivo con rango de leyes- que habrían hecho más sencilla la compraventa de tierras indígenas.

La llamada Ley de la Selva ablandaba las condiciones actualmente requeridas para vender o arrendar las tierras de las comunidades, exigiendo para ello el voto favorable sólo de la mitad más uno de sus integrantes. Los detractores de la medida consideran que habría abierto la puerta al masivo desembarque de compañías mineras y del sector energético en tierras amazónicas.

En palabras del Gobierno, las normas pretendían promover la modernización del campo y la creación de puestos de trabajo al facilitar el ingreso de capitales privados. El viernes, el Parlamento las anuló en una votación en la que el partido de Gobierno, el Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), se quedó solo.

Todas las demás formaciones políticas, desde los nacionalistas de Ollanta Humala hasta la derecha, votaron a favor de la derogatoria de los decretos. Ni siquiera los fujimoristas, que más de una vez han salvado al partido gobernante con sus votos, apoyaron al Ejecutivo.

Antes de la votación, el mismo presidente, Alan García, salió en defensa de sus decretos y señaló que anularlos sería "un grave error histórico". Ni siquiera eso calmó los ánimos en la selva peruana, que se puso en pie de guerra.

Más de 60 comunidades de distintas zonas del país se levantaron, apoyadas por algunas ONG y organizaciones de izquierda, con el argumento de que las normas desconocen los derechos históricos sobre la tierra y son una imposición derivada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está previsto que entre en vigencia el año que viene.

Los manifestantes llegaron a secuestrar a un policía, bloquearon carreteras, tomaron varios puntos de generación de energía eléctrica y amenazaron el suministro de petróleo y gas.

El Gobierno intentó negociar, pero los nativos rechazaron la comisión encabezada por el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, que viajó hasta la selva de Loreto hace una semana. Sólo se consiguió una tregua bajo el compromiso de que la anulación de las normas sería discutida por el Parlamento.

La noticia de la derogatoria fue celebrada por algarabía en varios puntos de la selva, donde los nativos llenaron las plazas para celebrar, y por los representantes de los nativos que llegaron hasta el Parlamento.

El Gobierno, para el que el voto contrario supone un duro revés, estudia alternativas. Su presidente, Jorge del Castillo, consideró ayer poco probable que el presidente promulgue la ley, el último paso que falta para que entre en vigencia.

En ese caso, quedan dos opciones: mandarla de vuelta al Congreso para que sea discutida nuevamente, o no hacer nada, con lo cual sería el mismo Parlamento el que la sancionaría. "No hemos decidido todavía qué opción se tomará. No estamos de acuerdo con la derogatoria, así que difícilmente la vamos a promulgar", adelantó el primer ministro.