ACNUR denuncia que la violencia en Colombia amenaza a 34 comunidades

En Guachacal, una pequeña población en las montañas del sur de Colombia, en una zanja cercana a la escuela de Derecho Propio donde se forman los líderes de la comunidad Los Pastos, encontraron, a finales de agosto, los cuerpos baleados de Julio Ramiro Inanpuéz y su esposa María Lina. Habían desaparecido un día antes cuando caminaban hacia el concejo municipal.

Más de 1.400 indígenas han sido asesinados entre 2002 y 2009, en medio del conflicto armado, y solo en 2009, al menos 114 indígenas fueron víctimas de homicidios, según datos de la Organización Nacional Indígena (Onic). Los disparos vienen de todos los grupos armados: guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y hasta de la fuerza pública, le dijo a este periódico Luis Fernando Arias, consejero y secretario Onic. Arias señala que, en muchos casos, detrás de las matanzas hay intereses de control de territorio para trabajar la coca o sacar adelante megaproyectos.

La situación es muy grave y es vieja. No solo caen asesinados; los indígenas son víctimas del desplazamiento, del reclutamiento de menores de edad, del hambre, del abandono por parte del Estado, de minas antipersona, de agresión sexual.

Representan el 15% de los más de dos millones de desplazados y son apenas el 2% de la población total de este país de 44 millones de habitantes, según un informe reciente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En 2004 se alertó sobre el peligro de extinción de 12 de los 102 pueblos indígenas; ahora la ACNUR habla de 34. También informa de que los homicidios reportados de indígenas crecieron un 63% entre 2008 y 2009; solo los awá perdieron 33 vidas en tres masacres el año anterior. A finales de 2009, la Corte Constitucional lo expresó de manera contundente: "Los pueblos indígenas se encuentran en riesgo de ser exterminados física y culturalmente".

Y exigió al Gobierno planes de protección de los indígenas, para proteger a los más frágiles. "La idea es novedosa pero no ha pasado de ahí", explica Daniel Piñacué líder de los nasa, una de las comunidades más numerosas -200.000 personas- y mejor organizadas del país, pero también una de las más azotadas por la violencia. La concertación para fijar los términos de estos planes avanza a paso lento.

"A diario enterramos comuneros, no muertos por enfermedad, sino muertos a bala", dice Piñacue, dolido. Él, con su bastón de mando, ha encabezado las protestas nasa para llamar la atención del país, para exigir sus derechos. Los planes de protección se deberían implementar ya para frenar el exterminio, opina.

"Todos los grupos transitan por ahí, vienen y van, desarrollan su guerra", dice Piñacué, al hablar de su territorio en las montañas del departamento de Cauca, al sur. Habitan en la cara occidental de la cordillera central; al otro lado está el campamento del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Alfonso Cano. Hay un gigantesco operativo militar para acorralarlo.

El territorio nasa es rico en nacimientos de agua, en yacimientos de oro, hierro níquel... "Quieren que desocupemos; pero no lo vamos a hacer ", añade. La defensa del territorio y la autonomía son los ejes de sus continuas exigencias.

Campaña internacional

El juez español Baltasar Garzón estuvo el agosto pasado en esta comunidad. Ha servido, en varias oportunidades de garante de los acuerdos firmados con el Gobierno; se considera amigo de este pueblo que, el año pasado, se enfrentó a los mafiosos. Les dieron tres días para sacar de su territorio los laboratorios de procesamiento de coca. Garzón los apoya en estrategias contra la impunidad y por la verdad.

Entre los nasa asesinados este año se encuentra Richard Alexander Peña. Viajaba en moto por una vereda: lo interceptaron y le pegaron seis tiros. Las FARC lo habían amenazado, lo acusaban de colaborar con el Ejército.

En otros casos, en distintos puntos del país, se señala como desconocidos a los que aprietan el gatillo. El pasado 13 de agosto hombres armados -desconocidos como lo registró la prensa- llegaron hasta la casa de Carmen Elisa Mora Uncacia, de 31 años. La asesinaron delante de su esposo y sus dos pequeños hijos; estaba embarazada de cuatro meses. Era líder del pueblo u'wa, coordinadora de asuntos indígenas en Saravena, localidad en los llanos del nororiente del país.

También mataron en su propia casa a Luis Alfredo Socarrás Pimienta, líder wuyúu, comunidad que habita en la zona desértica del extremo norte del país. Se preparaba para denunciar al Gobierno regional, en audiencia pública, por haber malversado fondos de salud destinados a los nativos.

La Onic ha iniciado este año una campaña: "Palabra dulce aire de vida; forjando caminos para la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción". La idea es visibilizar su drama, buscar solidaridad, que el mundo entero sepa que de no hacer algo muchos de ellos desaparecerán. Es tanta la indiferencia que sienten desde la opinión pública que un líder awá -comunidad duramente golpeada por los armados, en especial por las FARC- aseguró hace poco a este periódico: "Nosotros sentimos que en nuestro país somos un estorbo".