La Audiencia aprueba la extradición de Al Kassar con condiciones

La Audiencia Nacional acordó ayer, por dos votos a favor y uno en contra, la extradición del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar a Estados Unidos, donde se le reclama por su supuesta participación en una operación de venta de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El tribunal condiciona la entrega de Al Kassar a que previamente y por vía diplomática se garantice que no será condenado a pena de muerte en Norteamérica y a que si la condena fuera de cadena perpetua, "la misma no será indefectiblemente de por vida".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en súplica al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y tiene posibilidades de que pueda prosperar, puesto que la magistrada Teresa Palacios formuló un voto particular. En todo caso, y si la Audiencia decidiera finalmente que la extradición es procedente, será el Gobierno español el que tenga la última palabra sobre la entrega o no del reclamado.

Delito provocado

Los magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel han estimado que la petición estadounidense cumple todos los requisitos legales y que por tanto la justicia española debe acceder a la extradición.

Por el contrario, su compañera de tribunal, Teresa Palacios, ha discrepado de la postura mayoritaria y ha formulado un voto particular en el que señala que se debían de haber aceptado las alegaciones formuladas por el abogado José Luis Sanz Arribas, defensor de Al Kassar. El letrado argumentó que la extradición fue preparada en una operación de delito provocado por la agencia antidroga norteamericana DEA, procedimiento muy usual y legal en Estados Unidos, pero que está expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico español.

Para Palacios, la "infiltración de personas por encargo de la DEA no iban dirigidas en busca de información o prueba de la existencia de una actividad ilícita en curso para impedirla o sancionarla, sino en producción de un ficticio delito". Es decir, la justicia española permite que haya agentes infiltrados en una operación, pero sólo como medio de obtener información o las pruebas de un delito que ya se estaba cometiendo. Lo que no está permitido es que agentes policiales infiltrados provoquen que se produzca un delito por el sistema de proponer una operación de tráfico de armas, o de drogas, para así poder detener a los que piquen en el cebo.

Al Kassar presentará antes de tres días recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional.