El Supremo israelí abochorna al Gobierno

Hace tiempo que algunas colonias judías en Cisjordania deberían haber sido desmanteladas porque así lo ordena la justicia israelí. Por ejemplo, Migrón, cerca de Ramala. Sin embargo, el Gobierno lleva dando largas desde hace meses y este miércoles ha propuesto que se espere hasta que sean construidas las casas en un asentamiento cercano para alojar a los colonos de Migrón. La paciencia del Tribunal Supremo se ha agotado. Al menos en lo que respecta a este caso. "Hoy nos presentan documentos llenos de promesas... Sus palabras se han convertido en palabras vacías. En sus declaraciones revelan algunos de sus secretos: explican cómo se llevará a cabo la evacuación, pero nunca dicen realmente que se llevará a cabo". Dorit Beinish, presidenta del Supremo israelí, reaccionaba así a la iniciativa del Ejecutivo de aplazar el desalojo. Y añadía dirigiéndose a los abogados del Estado: "Lo que ustedes dicen ahora es que no se desmantelará el asentamiento rápidamente". Efectivamente, si se cumplen los plazos que planteó el general Ilan Paz, jefe de la administración de los territorios ocupados entre 2002 y 2005, se necesitarán siete años para la construcción de las casas a las que serán trasladados los colonos de Migrón.

Migron, que acoge a medio centenar de familias, se alzó en tierras de propiedad privada robadas a campesinos palestinos que exigen su devolución. Es una de las colonias que los propios Gobierno israelíes consideran ilegales, aunque ilegales sean todos los asentamientos en el territorio ocupado a la luz de la legislación internacional. Los denominados "outposts" comienzan su andadura con una tienda de campaña o una caseta de madera, normalmente habitadas por los llamados "jóvenes de las colinas". A los pocos meses, ya se pueden ver algunas casas prefabricadas. Transcurre un tiempo más y varias de las casetas se han transformado en viviendas en toda regla. No falta luz, ni agua. Ni protección del Ejército. Ya existen un centenar.

No sólo el Tribunal Supremo israelí ha sido víctima de las eternas dilaciones y las negociaciones del Ministerio de Defensa con el Consejo Yesha, el organismo que representa a los colonos. A otras instituciones también les ha prometido el Gobierno israelí el desmantelamiento de los outposts. Por ejemplo, a la Casa Blanca. Washington se ha quejado y la Unión Europea ha hecho lo propio. Los Gobiernos israelíes, como si oyeran llover.

El abogado israelí Michael Sfard, que representa a los dueños de las tierras expoliadas, acusó al responsable de Defensa, el laborista Ehud Barak, de "engañar a la opinión pública". "Es un intento de eludir la obligación de proteger las propiedades palestinas", añadió. Paz Ahora, la ONG que presenta continuas demandas ante el Supremo por casos similares al de Migrón, precisó: "El ministro de Defensa pretende engañar a la opinión pública con promesas que no tiene intención de cumplir".

Algo similar acaece estos días en la convulsa ciudad de Hebrón. Un grupo de colonos se adueñó a la brava de un inmueble sometido a litigio desde hace casi dos años. El Supremo ordenó su evacuación para que se ejecutara en tres días. El plazo venció el miércoles de la semana pasada. Allí siguen los colonos en la que han bautizado "Casa de la Paz". Hoy mismo Barak ha afirmado que la vivienda de Hebrón será desalojada, aunque el primer ministro, Ehud Olmert, ha sugerido que no será así, que no se empleará la fuerza para que la casa retorne a su antiguo propietario mientras se resuelve el asunto en los tribunales. Declaró Olmert ayer desde Washington: "Leí con atención la sentencia del Supremo. Ordena a los ocupantes de la casa abandonarla en tres días y si no lo hacen, el Gobierno tendrá que hacerlo. Pero no manda explícitamente al Gobierno que lo haga". Un galimatías. En lo que no hay confusión alguna es en el tenor de su conclusión. "Las fuerzas policiales actuarán con toda la fuerza para detener los intolerables ataques contra civiles y propiedades palestinas". Unas pocas horas han bastado para desmentir la contundencia de su promesa.

Este mismo miércoles unos 40 fanáticos judíos se han entregado al vandalismo en Hebrón. Han apedreado viviendas palestinas, pinchado ruedas de coches y también de vehículos de la policía israelí. Se repite así la historia de días atrás, cuando además profanaron tumbas y mezquitas. La presencia de uniformados es masiva en la ciudad. Ninguno de los radicales ha sido detenido.

La cantinela de los ministros israelíes cuando saltan a la palestra tras alguno de los innumerables disturbios que provocan los colonos judíos en Cisjordania es sabida. "Israel es un Estado en el que se aplica la ley", decía ayer mismo el ministro de Seguridad Pública, Avi Dichter. Que se aplica discriminatoriamente según la confesión o etnia del agredido es un hecho que las ONG israelíes que denuncian los abusos de los derechos humanos están cansadas de repetir. El propio Olmert lo ha dicho más de una vez: "Hay que terminar con la discriminación contra los árabes". Hasta la fecha, también palabras vacías.

No es el expediente de los colonos el único asunto espinoso en el que el Supremo ha sido ninguneado. En diciembre de 2006 el alto tribunal ordenó que los asesinatos de milicianos palestinos debían terminar y que sólo estaban autorizados en caso de que los supuestos autores de un atentado fueran a cometerlo inmediatamente. El Ejército desobedeció. El diario Haaretz informa hoy de que uniformados mataron a milicianos que no suponían un riesgo inminente aun siendo conscientes de que podían morir inocentes en la operación. Muestra documentos en el que las órdenes fueron plasmadas por escrito y asegura el periódico que los mandos militares mintieron al Supremo.