Ante la piratería, buenas prácticas y mejores deseos

La clave parece estar en las buenas prácticas. Como juramentadas por un arrebato hipocrático, las instituciones y procesos culturales invocan últimamente la corrección en las formas como un mantra tranquilizador. El signo de los nuevos y buenos tiempos. Lo último es el Manual de, claro está, buenas prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, editado por el Ministerio de Cultura y fruto de la negociación de una mesa integrada por nada menos que tres ministerios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una decena de entidades de gestión de derechos de autor y la Fiscalía General del Estado, entre otros.

El resultado es un librito (o un documento en pdf si se consulta la web del ministerio) para que todos los implicados en la persecución de la piratería, el top manta, los servicios ilegales de intercambio de archivos informáticos p2p o los delitos contra la propiedad industrial actúen conforme a un protocolo. ¿Cuál es el modo correcto de apuntar la filiación de los testigos-compradores de, pongamos, un top manta? ¿Y cómo levantar un atestado? Pues, sin ir más lejos, en el caso de las "grandes incautaciones" para facilitar el recuento es "aconsejable utilizar como modelo una torre de soportes de un número concreto de unidades (25, 50...) haciendo que el resto de torres que se crean y aplican junto a la primera tengan su misma altura".

Sí, es recomendable destruir antes del juicio el material incautado cuando "las circunstancias lo aconsejen" (la pena para la mayoría de estos delitos incluye esa destrucción de los materiales ilícitos), así como "realizar un reportaje fotográfico o videográfico" de los "registros en establecimientos o domicilios, o incluso en las hechas a pie de calle". Y no, cualquier agente no puede actuar como encubierto, sólo los funcionarios de la Policía Judicial.

Cierto aire de brindis al sol presidió ayer la presentación en la sede ministerial del manual, que se distribuirá en "las escuelas de policía". A ello sin duda colaboró el que Joaquín Delgado Martín, del CGPJ, se apresurase a asegurar: "Ésta no es una norma jurídica. Y sí, un buen manual de buenas prácticas". Quizá por eso nadie quiso entrar a definir la actuación de la SGAE, entidad de gestión de derechos de autor que contrata detectives privados para infiltrarlos en las bodas, como se ha sabido recientemente. "Éste no es el lugar para discutir ese asunto", zanjó a la segunda Guillermo Corral, director de Política e Industrias Culturales. A lo que Delgado añadió: "No se encuadra dentro de lo que el manual denomina buenas prácticas, ya que sólo la justicia y la policía pueden perseguir delitos de piratería, aunque en algunos casos estas entidades de gestión puedan solicitar su ayuda".