Los piratas no quieren papel

O alguien pone orden pronto en el todavía no muy caudaloso océano digital o las editoriales españolas terminarán llevando sus naves a un puerto seguro huyendo de los piratas. Cualquier cosa menos repetir los errores que tan caros han costado a la industria musical. Antonio María Ávila, director de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), es siempre rotundo y ayer, admitiendo su cuota de hipérboles, volvió a serlo en conversación con este periódico: "Si no se establece un marco jurídico adecuado y estable y si la piratería no deja de estar bien vista socialmente, los sellos españoles acabarán por publicar desde Miami para que los proteja el derecho estadounidense".

"Sin una ley justa, terminaremos yéndonos a Miami", dicen los editores

Por la mañana, tras un encuentro "fructífero" que reunió en el Ministerio de Cultura a la ministra, Ángeles González-Sinde, con los presidentes de los gremios de editores de todas las lenguas oficiales del Estado, Ávila hizo un anuncio que demuestra que la revolución digital ha llegado a España por la puerta de atrás: la industria editorial española dejó de ingresar el año pasado 150 millones euros a causa de la piratería digital de libros. Las pérdidas provocadas por la fotocopia ilegal, entre tanto, se movieron en torno a los 100 millones.

Son los datos que refleja un informe que se hará público en su totalidad antes del verano y que ha sido encargado por la Coalición de Contenidos Culturales, una entidad que, de los libros a los videojuegos, reúne a todos los representantes de la industria de la cultura, un ámbito económico que supone el 4% del PIB de España, peso que, apunta el director de los editores, "no alcanza, por ejemplo, la industria metalúrgica".

El hecho de que la edición genere el 42% del total del dinero que mueve la cultura española -un 0,7% del PIB, que llega al 1,2% si se añaden las librerías y la industria gráfica relacionada con el libro- la convierte en el sector más potente y, arrastrado por la pujanza del castellano, el de mayor expansión internacional.

"España tiene mucho que decir en la ampliación electrónica del mundo del libro. Los editores queremos que las reglas del juego estén claras porque queremos jugar", afirma Ávila. De ahí el apoyo sin fisuras de su gremio, y con la ministra presente, a la polémica disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como Ley Antidesgarcas. Aunque aclaran que no es competencia suya, los dirigentes de la federación explican que organismos como la Coalición de Contenidos Culturales y el Centro Español de Derechos Repográficos (CEDRO) han detectado alrededor de 200 webs dedicadas a la "piratería digital de libros".

El estudio que maneja la FGEE sostiene que muchas de esas webs están relacionadas con el ámbito universitario porque la piratería afecta fundamentalmente a los manuales. Un "preocupante" hecho diferencial español que explica la "caída brutal" de las ventas del libro científico y académico en nuestro país. Francisco Fernández Beltrán, presidente de la Unión de Editoriales Universitarias, atribuye la debacle del libro académico a dos factores. Por un lado, el masivo intercambio de archivos por parte de los estudiantes vía Internet: "Los ordenadores sustituyen a la cafetería y a la sala de la fotocopiadora". Por otro, la implantación de campus vituales como apoyo a la docencia presencial. Normalmente se cuelgan materiales sobre los que se pagan derechos, pero nadie garantiza que eso se cumpla siempre. "Me consta que las 77 universidades españolas pagan a CEDRO licencias de fotocopias sobre cerca de un 90% del material que manejan", explica Fernández Beltrán. "En el ámbito digital me temo que no pasa del 5%". ¿La razón? "Los acontecimientos van por delante de la regulación".

Es lo que reconoce el propio Ministerio de Cultura en el informe sobre el impacto del libro electrónico en el sector editorial que también se hizo público ayer. En él se recoge que el crecimiento de la edición digital superó en 2009 el 48% respecto al año anterior, pero también se reconoce la necesidad de "readaptar el marco legal" a la nueva realidad. La Ley de Propiedad Intelectual es de 1987. Ese año muchos de los protagonistas de la revolución que se avecina todavía no habían nacido.