La mitad del cine en catalán... o multas sin límite

La nueva Ley del Cine de Cataluña, cuyo anteproyecto se conoció en la noche del martes, continúa levantando ampollas: ayer, representantes de los exhibidores catalanes mostraron su rechazo de un texto que, según ellos, supone una injerencia en el sector privado.

El objetivo del Govern es que la nueva ley pueda aprobarse durante esta legislatura, antes de junio, y que dentro de cuatro años todas las películas de estreno en Cataluña se ofrezcan con la mitad de copias dobladas o subtituladas en catalán. La excepción serán las películas en castellano y las que tengan menos de 16 copias. Lo exigirá la ley y, si no se cumple, las distribuidoras serán sancionadas con multas cuya cuantía no tiene límite ya que dependerá de la gravedad de la infracción.

El consejero catalán de Cultura asegura que Hollywood acatará la ley

Los exhibidores ven la medida como una injerencia en el sector privado

Si el porcentaje de copias que no tienen versión catalana es inferior al 5% la multa será de 1.000 euros por copia, pero si es superior al 15% la cuantía sube a 5.000. Por ejemplo, en una película taquillera, tipo Piratas del Caribe, de la que se distribuyan 100 copias, si sólo 40 son en catalán puede costarle a la distribuidora 200.000 euros. A esta cantidad habrá que sumar la segunda parte de la multa, que se calcula en función de la recaudación media de todas las copias.

Se trata de que a las distribuidoras les salga más barato cumplir la ley que intentar esquivarla. "Esta ley es plenamente constitucional y, como todas, incluye un apartado de sanciones, pero su objetivo no es éste. Lo que quiere es salvaguardar el derecho de los catalanes a elegir libremente el idioma en el que quieren ver una película, favorecer la diversidad cultural y promocionar la versión original subtitulada", señaló ayer el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manel Tresserras. El miércoles asistió al preestreno en Barcelona de La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, versión catalana de la segunda parte de la trilogía de Millennium, que mañana se estrena con 12 copias en catalán y que Tresserras puso como ejemplo de la pretensión de que el catalán esté presente en los grandes taquillazos.

También comentó que llevan más de un año negociando con todo el sector y también con las majors y, aunque a éstas es una ley que no les gusta, se han comprometido a acatarla. "Lo están haciendo en Estonia o Dinamarca, que tiene menos población que Cataluña", añade Tresserras, quien indica que no buscan ningún enfrentamiento, sino "alterar la situación anómala que hay ahora mismo en el mercado catalán". Pero, de momento, la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), que agrupa a las majors (los grandes estudios de Hollywood) no ha hecho pública una nota oficial de valoración de este anteproyecto de Ley.

Quién sí se han pronunciado son los exhibidores. La secretaria general del gremio en Cataluña, Pilar Sierra, valoró ayer negativamente el anteproyecto por considerarlo una injerencia en el sector privado y porque cree que puede perjudicar a las salas. Sierra explicó que habían ofrecido al Departamento de Cultura, como contrapartida, la posibilidad de que una sala de cada multicine se destine al cine en catalán.

Desde el Departamento de Cultura de la Generalitat se asegura que esta oferta no era operativa porque suponía sólo un 8% de las salas catalanas y, además, las exhibidoras no pueden garantizar el producto porque son las distribuidoras la que tienen que comprometerse al doblaje. También insisten en que el anteproyecto de Ley incluye muchas más medidas de apoyo a las salas que la ley estatal. En este sentido, se han previsto varios fondos de ayuda a la exhibición para la mejora tecnológica de las salas. Una parte proviene de la posibilidad de los cines de retener el 5% de la recaudación de la entrada para este fin.

También se prevé la creación de una Red Concertada de Pantallas Cinematográficas que incluirá tanto a salas públicas como privadas. Mediante convenio con la Generalitat, estas salas gozarán de ayudas siempre que se destinen a la exhibición de películas producidas en Cataluña, en la Unión Europea (que se pasarán en versión original catalana o en castellano si éste es su idioma original) o producidas fuera de la Unión Europea en función de su interés artístico o cultural.

El anteproyecto de la Ley del cinbe cuenta con el apoyo de los tres partidos del gobierno catalán (PSC, ICV y ERC), la oposición frontal del PP y el respaldo condicionado de CiU.