La 'ley Sinde' resucita en el Senado con el voto del PP

El trámite parlamentario de la polémica ley Sinde corona un hito importante: su paso por el Senado, donde ha sido ayer aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, el PP y CiU. La ley Sinde ha salido adelante con 244 votos a favor y 12 en contra. La norma para poner coto en Internet a las descargas sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor regresará, según declaró ayer martes la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en cuatro semanas al Congreso de los diputados (donde fue tumbada en diciembre), pero ahora lo hará modificada tras el acuerdo entre los grupos citados, que han introducido enmiendas para garantizar la intervención judicial durante todo el proceso de cierre de una web. La ley Sinde está contenida en el articulado de la Ley de Economía Sostenible (LES).

En el debate celebrado por la mañana en la Cámara Alta el senador del PP, José María Chiquillo, señaló que las modificaciones sustanciales se deben todas a su formación política. En concreto, Chiquillo subrayó el hecho de que el Gobierno se comprometa a que, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, se armonizará la aplicación del llamado canon digital (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo) a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Para el PP esta armonización es solo "un tránsito para acometer en breve la suspensión del canon por ser abusivo e ilegal".

El senador popular hizo hincapié en la labor del PP para la introducción de una "doble garantía" judicial en el proceso de cierre de una web y añadió que [la ministra] "González-Sinde no lo tenía nada claro". "Esto no es un cheque en blanco para el Gobierno", apostilló Chiquillo.

PSOE: más derechos

Por el PSOE intervino Félix Lavilla, que defendió el hecho de que en el texto modificado hayan aumentado las garantías jurídicas de los que navegan por la Red. "El modelo puede que no sea perfecto pero es un paso más de cara a la defensa de los derechos" de los internautas. Lavilla destacó el hecho de que la norma reciba un amplio consenso parlamentario.

Dos voces discordantes se escucharon en la Cámara Alta: las intervenciones de los autores de dos votos particulares contra la norma. Uno, del miembro del Partido Socialista de Mallorca (PSM), Pere Sampol, y otro de José Manuel Pérez Bouza (BNG). Sampol justifió su voto diciendo que la ley Sinde no contenta a nadie, ni a los internautas ni a los creadores, pero tampoco a pequeños productores. Por ello pidió la retirada de la enmienda pactada por PP, PSOE y CiU.

Pérez Bouza, por su parte, calificó la ley de "parche" y añadió: "Se ha perdido una oportunidad de un gran pacto en torno a la propiedad intelectual y la defensa de los creadores".

En verano

"La ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe, quizá a mediados de marzo, y a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos", señaló ayer martes la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en declaraciones recogidas por Efe. La titular de Cultura recordó que una vez se apruebe la ley en el Congreso "habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual", el órgano dependiente del ministerio encargado de examinar las denuncias sobre los contenidos colgados en dichas páginas web.

En los últimos días se ha intensificado una campaña de envío de correos electrónicos a senadores organizada por RedSOStenible para presionar a los representantes políticos: "No votaremos a quien permita la aprobación de la Ley Sinde. Recordemos a los senadores -que se eligen por listas abiertas o sea directamente por los y las ciudadanas- que no votaremos a quienes el miércoles 9 en el Senado voten a favor de la Ley Sinde y contra los derechos de ciudadanos, artistas y emprendedores de la era digital", afirman estos internautas.

La industria cultural, por boca de la Coalición de Creadores (el grupo de presión que aglutina a productoras, editoriales y discográficas) tampoco está del todo contenta con la redacción. Su principal queja es que el texto legal persigue los contenidos no autorizados (y exige su retirada) pero no el comportamiento ilícito.