Una ley para el Reina Sofía

Tiene 20 años, pero aún se le trata como a un adolescente irresponsable. O al menos, así opinan los implicados en la toma de decisiones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, buque insignia del arte moderno español y aún, se lamentan, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura.

Todas las decisiones de su equipo director, ya sean de contenido artístico o de pura gestión económica ("Hasta cambiar un conserje de sala", señala una fuente parlamentaria para subrayar la total dependencia) tienen que contar con el visto bueno del ministerio. Y eso lastra su funcionamiento.

El primer paso hacia la emancipación ya se ha dado. El Ministerio de Cultura solicitó la creación de una agencia estatal para el Reina Sofía el 18 de julio. En el documento de la petición se justificaban las aspiraciones en "las rigideces que presentan los actuales modelos de gestión y la escasa autonomía con que cuentan los organismos autónomos para la consecución de sus objetivos en un ámbito tan cambiante y específico como es la gestión cultural". Entonces se arrancó un compromiso de los ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda, organismos responsables de conceder ese estatus, tras evaluar y presupuestar la propuesta. Si bien no tiene fecha fija, la promesa es que "antes del final de la legislatura", tanto el museo como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) sean agencias estatales. "Es una herramienta para ganar agilidad, competitividad y autogestión. Se consigue una alta autonomía. Y entre otras cosas se dispone de los ingresos que genera el centro", explica Dolores Carrión, subsecretaria del Ministerio de Cultura.

Actualmente, todas las decisiones tienen que pasar por el despacho de Molina

"Con su propia ley, el centro sería más ágil y eficaz", según Rafael Simancas

Cultura ya tiene el compromiso de Hacienda: será agencia estatal

No todos los altos funcionarios ven con entusiasmo el proyecto final

Pero la intención es que la cosa no se quede ahí. En el horizonte de los deseos está que el centro cuente con su propia norma, como el Museo del Prado (ley 46 / 2003, del 25 de noviembre). Una legislación específica sería "como un traje a medida" para las aspiraciones de su director, Manuel Borja-Villel, que estos días cumple un año al frente y parece empeñado en poner al Reina Sofía en la órbita de los grandes museos del mundo, como ha declarado reiteradamente.

Una reciente comida en la sede del museo con los portavoces de Cultura de los grupos parlamentarios del PSOE (Rafael Simancas) y el PP (José María Lasalle) se cerró con la idea de la necesidad de plantear esa proposición en la comisión de Cultura. Tan pronto como a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Hay en ambas partes la convicción de que una ley para el Reina Sofía impulsaría al museo, y que para lograr su aprobación se hace necesaria una acción conjunta de ambos partidos. "Las diferencias políticas no deben lastrar el proyecto", señalan. Otros grupos parlamentarios apoyarían esa iniciativa.

Simancas entiende que pueda haber reticencias a algo así: "Dotar de autonomía y eficiencia significa restar control a los ingresos y los gastos. Pero tomar decisiones presupuestarias de forma autónoma convierte al museo en algo más ágil y eficiente. Y con una ley todo esto sería posible".

Si bien en el paso de convertirse en agencia el acuerdo de los altos funcionarios del Ministerio de Cultura parece general, no todos ven con el mismo entusiasmo una ley para el centro. La experiencia del Prado sólo puede calificarse de positiva, aunque la autonomía total de la que disfrutan su director, Miguel Zugaza, y el patronato incomoda a algunos.

"¿Si ha funcionado para el Prado, por qué no va a funcionar para el Reina Sofía?", se pregunta Simancas. "Es cierto que con el modelo de agencia quedan algunos resortes de control que desaparecen con la ley. Sin embargo, si los gestores son los adecuados, no debería haber problema. Y eso lo permitirá la reciente implantación del Código de Buenas Prácticas". Esta norma no vinculante y que ha asumido el equipo del ministro César Antonio Molina obliga a la elección de cargos de museos y agencias con transparencia y por concurso basado en los méritos profesionales.

La elección de Borja-Villel fue la primera y publicitada prueba del nuevo régimen de las "buenas prácticas". Desde su llegada hace un año, el museo ha vivido importantes cambios (desde en la colocación del Guernica hasta en su cúpula directiva). Y su impronta, basada en la visión del museo como algo vivo y muy vinculado a la investigación, ya se nota claramente. Además, las cifras le acompañan: el número de visitantes ha crecido un 15,92% (más de 1.800.000). También, los ingresos por entradas y publicaciones (entre un 3% y un 4%) y el personal (se ha contratado a 119 trabajadores en una plantilla de 477).