Las discográficas independientes se alzan contra el Gobierno

Primero fueron los artistas. Luego, los grandes sellos discográficos. Y ahora llegan las independientes. Y todos contra el Gobierno y el Ministerio de Cultura por su política contra la persecución de la "piratería" digital. Una veintena de empresas discográficas independientes se han unido para demandar a la Administración por los daños patrimoniales que, según ellas, les ha causado a su negocio al tolerar las descargas "ilegales" por Internet y no perseguir a los infractores.

La rebelión de las pequeñas discográficas, aunque por motivos muy diferentes, guarda similitudes con el protagonizado por Cineastas contra la Orden, que aglutina a más de 200 personas del sector (directores, productores, guionistas, actores, técnicos...) contra la política de ayudas de Cultura en favor de los grandes proyectos.

Estas firmas señalan que han perdido un 65% de negocio desde 2006

Piden que no sólo se persiga a las 'web' sino también a los usuarios

Aquéllos consiguieron bloquear las ayudas a rodajes en Bruselas. De momento, las discográficas independientes han contratado al bufete de Roca Junyent con el fin de que estudie las "medidas legales oportunas" y se resarza a las discográficas, según fuentes de las empresas. Estas firmas señalan que han visto reducido su negocio desde hace tres años en cerca de un 65% por efecto de la piratería, y que el número de trabajadores en el sector ha descendido en un 40% desde 2004, y han cerrado 800 establecimientos en los últimos años.

Los firmantes del acuerdo son: Pias Records Spain, Popstock, K-Industria Cultural, Producciones Blau, Bcore Disc, Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, Meta Network, Música Global Discográfica, Open Records y Picap.

Estas firmas se desmarcan también de las grandes casas discográficas, que, aunque con reticencias, han dado por buena la reforma anunciada por el Gobierno, a través de la Ley de Economía Sostenible, que permitirá cerrar webs de descargas no autorizadas de archivos sujetos a derechos de autor como canciones o películas. En el plazo de cuatro días, un juez de la Audiencia Nacional deberá decidir si acepta las peticiones de cierre cautelar que le planteará la Comisión de Propiedad Intelectual, que tramitar las denuncias de los autores.

Para los firmantes, esta reforma, amparada por el Ministerio de Cultura, llega tarde y no es suficiente porque deja impunes a los usuarios finales que realizan las descargas, ya que sólo se perseguirá a las webs. Por eso exigen al Gobierno, que plantee una legislación mucho más dura a semejanza de la que han puesto en marcha países como Francia, Reino Unido o Suecia en el que se ha implantado un sistema de avisos con posterior corte de conexión o multa económica para los internautas particulares que realicen descargas masivas de archivos protegidos por derechos de autor.

Las discográficas argumentan que esta situación de barra libre para la descarga de música impide que la caída del negocio tradicional se compense con el negocio en Internet ya que, por cada canción que se descarga "legalmente" en España, otras 200 se bajan de Internet "ilícitamente".