Contra el aberrante lenguaje de las leyes

Repasando algunos artículos del nuevo Estatuto valenciano, el académico de la Lengua José Antonio Pascual comentaba ayer que "si los historiadores de las Indias hubieran escrito así, no sabríamos lo que pasó en las Indias". Lo que le sugería este comentario era el preámbulo de la norma y, dentro de él, expresiones como "techo competencial", "administraciones operantes en la comunidad" o "los agentes de la sociedad civil".

Pascual acababa de presenciar la firma de un convenio entre la Real Academia Española (RAE) y la vicepresidencia del Gobierno para que la institución asesore en la redacción de los proyectos del Ejecutivo. El objetivo es mejorar la calidad técnica y lingüística de las normas, para que sean más precisas y más sencillas de entender para los ciudadanos.

Ejemplos de lo que se pretende evitar no faltan. Hace dos meses, Rafael Sánchez Ferlosio publicaba en este periódico un demoledor artículo en el que citaba el siguiente párrafo del proyecto de Estatuto andaluz: "Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y civilizaciones dando sobrado ejemplo de mestizaje humano a través de los siglos". El párrafo continúa hablando de la "interculturalidad de prácticas" y de una "unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica".

"El texto entero" está "confeccionado con pereza, con desinterés", decía Ferlosio. "No sólo es monstruoso como pieza de literatura jurídica en sí misma, sino también por la tremenda inmoralidad que comporta el haberlo aprobado en calidad de documento público, para tirárselo a la cara a sus destinatarios, que se supone que son los andaluces".

Los casos citados, valenciano y andaluz, quizá son exagerados porque se trata de preámbulos, una parte de las leyes sin valor jurídico que sirve para poner en antecedentes el texto, y en la que el legislador da rienda suelta a sus cualidades literarias.

"El que ha escrito esto se ha puesto a hablar de puntillas, se ha puesto estupendo", opina Pascual. Y destaca otro punto, en el que se habla de "valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos". La separación por sexos "es un cachondeo", dice Pascual. "Digo yo que debería decir valencianos y valencianas, en su condición de españoles y españolas y europeos y europeas, ¿no?". Para este académico, éstos son textos "presuntuosos". "Es como si el político creyera que es connatural con él la presuntuosidad".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer en la sede de la RAE que "una Administración que escribe de forma ampulosa y vaga no está sirviendo a los ciudadanos". De la Vega pretende atacar el "lenguaje arcaizante, de sintaxis atormentada" en el que "abundan las perífrasis, los gerundios y las expresiones rimbombantes" que "empobrecen la calidad".

Más allá del estilo, no faltan errores y atropellos en la redacción. En el Estatuto catalán, por ejemplo, se habla de "la enseñanza del catalán y el castellano" (artículo 35.2), que tomado estrictamente significa que se enseñan a la vez, en lugar de decir "del catalán y del castellano". En el artículo 37.1 se dice que "las disposiciones dictadas por los poderes públicos de Cataluña deben respetar estos derechos y deben interpretarse y aplicarse en sentido más favorable a su plena efectividad". Un letrado de las Cortes puso de manifiesto que el sujeto de "debe interpretarse" son los derechos, no las disposiciones, como dice este artículo.

El PP hizo especial mofa de que los artículos 15.2 y 19.1 de la reforma catalana describen exactamente los mismos derechos, pero uno los aplica a "las personas", y el otro, a "las mujeres".

El abogado y académico Eduardo García de Enterría, quizá el mayor experto de la RAE en textos jurídicos, considera que no es tan importante el lenguaje de las leyes. "El verdadero problema no es de léxico", para García de Enterría. "Lo que es grave es la manera de legislar, con urgencia, modificando las cosas más insólitas a través de disposiciones adicionales".

De opinión parecida es el académico Francisco Rico, que indulta al legislador. "Dudo mucho de que una falsa concordancia o el error en el régimen de una preposición puedan de veras crear problemas en la aplicación de un texto legal", dice Rico. "Otra cosa es que se redacten con una ambigüedad positiva, que deje un margen para la interpretación". Para Rico, "el peligro mortal que afecta a todos los idiomas no está en tiquismiquis de sintaxis, sino en que cada vez son menos quienes pueden expresarse clara y personalmente, porque la mayoría de los hablantes no tienen otras palabras ni ideas que el repertorio prefabricado que les imponen el poder y los medios".

Algo parecido opina García de Enterría, quien cree que las leyes reflejan una forma de hablar de los españoles. "Los franceses son famosos por hablar con claridad", pone como ejemplo. "Lo consiguen con una buena educación en el bachillerato. En cualquier reunión internacional un francés habla su idioma con precisión, acabando las frases, no como los españoles. Por eso las leyes francesas son muy claras: sujeto, verbo, predicado. Sin incisos. Sin embargo, el alemán es un idioma más conceptuoso y complicado, por eso las leyes alemanas, que para ellos serán muy sencillas, para nosotros son complicadas de entender".