Pacto in extremis por la 'ley Sinde'

"Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs". El Gobierno no quiere otra revuelta digital como la que se empezó a gestar ayer. El cierre protagonizado por las principales páginas web de enlaces de descargas y streaming (visionado online) de películas -que amanecieron en negro y con un breve manifiesto por todo contenido- en protesta por la próxima aprobación en el Congreso de la llamada ley Sinde ha encendido las alarmas del Ejecutivo. Contra reloj, a solo 24 horas de su paso por el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el de CiU negocian la introducción de una enmienda que suavice esta legislación, que prevé el cierre de estas webs de descargas, introduciendo un mecanismo de arbitraje, según confirmaron fuentes del Gobierno y del grupo parlamentario.

La campaña alteró los hábitos de miles de internautas

Los cables de Wikileaks revelaron la presión de EE UU contra la piratería

Un árbitro actuaría antes de que las denuncias llegaran al juez

El Congreso iba a aprobar mañana el texto sin discutir ninguna enmienda

Se trata de parar un motín en Internet que se inició la pasada semana y que culminó ayer con un eficaz método de protesta que cambió por completo los hábitos de miles de internautas, que ni pudieron visionar ni descargar sus series y películas preferidas. Las páginas y webmasters de descargas más populares como Seriesyonkis, Seriespepito, Seriesdanko, Peliculasyonkis, Divxtotal, Mydescarga, Cinetube, Subtorrents, Elrincondejesus, entre otras muchas, aparecieron en negro e inoperativas.

El Gobierno y el grupo parlamentario que le apoya no quieren que le estalle en la cara esta protesta, con la de los controladores aún coleando. Por eso, ultiman la introducción de una enmienda transaccional que incluya la creación de un arbitraje independiente que mediaría entre la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs, y las propias páginas requeridas, antes de acudir a las instancias judiciales.

En la redacción original de la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), la Comisión es la única encargada de tramitar las denuncias por las presuntas violaciones que realizan las páginas webs que enlacen o permitan la descarga de archivos (música, películas, videojuegos o software) protegidos por derechos de autor, en un procedimiento rápido, que incluye el bloqueo y el cierre de las páginas infractoras. La tutela judicial corre a cargo de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que deberá tramitar las denuncias de la Comisión en un plazo de cuatro días.

La protesta que se activó ayer, centralizada en la página noalcierredewebs.com, responde a la decisión del Congreso de aprobar la LES en una única reunión de la Comisión de Economía que se celebrará mañana bajo la fórmula de competencia legislativa plena, que permite aprobar la ley en su conjunto sin discutir ninguna enmienda, ni el articulado de la ley, y sin pasar por el pleno del Congreso. Además, aunque la norma pase por el Senado, el Congreso puede ignorar las enmiendas allí introducidas y dejar intacto el proyecto. Se trata de un procedimiento inusual que solo se usa para leyes con mucho consenso o para trámites de urgencia.

"Deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo", señaló a este diario el portavoz de la Comisión de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, que reconoció la premura con la que deben llegar a un acuerdo para que mañana se pueda votar, por separado, la enmienda a la disposición antidescargas. El anteproyecto de la LES, cuyo texto trata sobre las más variadas materias, fue aprobado en marzo por el Consejo de Ministros. El 23 de septiembre, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, CiU, IU-ICV, UPyD y BNG. Posteriormente, en el plazo de enmiendas parciales, el grupo de tres partidos (Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds) pidió la supresión del articulado. Más matizadas fueron las enmiendas del Grupo Popular, que piden una mayor judicialización del proceso en detrimento de la Comisión. El PNV se ha mostrado también beligerante porque el proyecto pase sin debate por la Cámara baja.

Mientras se sustancia el debate legislativo, la protesta de ayer supone un golpe de efecto importante. En primer lugar, por la cohesión que ha significado que los dueños de decenas de páginas, que no forman parte de ninguna asociación formal y viven de la publicidad y del registro Premium de sus clientes, hayan seguido con éxito una convocatoria realizada por Internet. En segundo lugar, porque estas páginas generan alrededor del 70% del tráfico de Internet en España. De hecho, en fuentes de los operadores de acceso a Internet (ISP) se señaló que el tráfico de datos podría haber caído ayer en torno al 50%.

La revelación de los cables de Wikileaks, en poder de EL PAÍS, de que la Embajada de Estados Unidos en Madrid convirtió la lucha contra la piratería en Internet en una prioridad y que diseñó una minuciosa hoja de ruta que incluía encuentros con ministros, secretarios de Estado y mandos intermedios de Cultura e Industria para amparar una ley antidescargas ha encendido aún más los ánimos de la comunidad internauta más activista contra de la ley.