Derechos de autor: transparencia sí, aunque mejorable

Pocos organismos son tan detestados como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En los últimos años, las entidades que cobran derechos de autor trabajan zarandeadas por una tempestad de aúpa, donde se entremezclaban sospechas sobre irregularidades en el reparto de dinero recaudado, cobros impopulares de derechos (recuérdense bodas, fiestas y autocares) y expeditivos recursos a los tribunales para no perder un euro. Ayer, sin apenas alharacas, el Ministerio de Administraciones Públicas difundió un informe que sitúa la tempestad: cabe en una botella.

Las ocho entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que operan en España, tras ser examinadas por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, hacen su trabajo con "eficacia" y con "la transparencia adecuada a la ley". Ni sombra de anomalías, ni de cobros indebidos en estas entidades, surgidas tras la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en 1987.

La Agencia de Evaluación propone un órgano común de recaudación

El 1,73% de los socios de la SGAE se reparte el 75% de derechos asignados

La evaluación, realizada a instancias del ministro de Cultura, César Antonio Molina, concluye que los autores no cobrarían por sus derechos de propiedad intelectual sin la labor de estas entidades. Y la propiedad intelectual, recuerdan los autores del informe, está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 27).

Ahora bien, no hay irregularidades pero hay carencias. La Agencia defiende una mayor regulación pública sobre aspectos que ahora mismo deciden de forma unilateral las entidades como la prescripción de los derechos no identificados o el reparto de los fondos asistenciales, de promoción y formación. En ambos casos hay una gran heterogeneidad en su finalidad. "Los fondos asistenciales, promocionales y de formación se dedican a seguros colectivos de accidentes, becas, seminarios, lecciones magistrales, encuentros, servicios de asesoría jurídica y fiscal, aportaciones a fundaciones, ferias y festivales, publicaciones, compra de locales para las fundaciones, lucha contra la piratería, etc. El destino es muy variado y al no existir reglamentación al respecto depende de las decisiones de los órganos de gobierno de las entidades", se detalla en el informe. Se destaca también el carácter "mutualista" de los programas que benefician a los socios más desfavorecidos.

Cuatro de cada cinco euros recaudados van, según el informe, a los titulares de derechos. Pero los sistemas de recaudación presentan lagunas: hay un "reparto asimétrico" en las cargas de derechos; las tarifas se fijan unilateralmente por los órganos de gobierno sin obligación legal de publicarlas y una excesiva "litigiosidad".

Ante esto, la Agencia de Evaluación propone que se cree un órgano de recaudación común para las ocho entidades y un sistema de arbitraje que aligere de pleitos las discrepancias. También proponen que se elabore un plan contable específico, que se consoliden las cuentas anuales (incluidas fundaciones) y que se hagan públicas cuentas y tarifas. Los evaluadores hacen hincapié en la preponderancia de la SGAE, que recauda derechos para otras entidades, aunque prevén que "su importancia disminuirá conforme aumente la experiencia de las otras".

El estudio permitió comprobar que "se producen concentraciones de las asignaciones en un número reducido de titulares de los derechos", que achacan a la propia singularidad del mundo de la cultura, donde el éxito comercial se concentra en pocas personas y donde escasean las obras protegidas. De hecho, el 75% de los derechos asignados en 2007 se distribuyó entre el 1,73% de socios de la SGAE. Y CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) repartió ese porcentaje entre el 4,32% de sus asociados.

Las conclusiones del informe serán llevadas por el portavoz socialista en la Comisión de Cultura del Congreso, Rafael Simancas, a los debates de la subcomisión sobre propiedad intelectual, que se constituirá en las próximas semanas, en cuanto reciba luz verde del pleno del Congreso. Simancas destacó dos conclusiones del informe: "El modelo de gestión colectiva cumple con su función de retribuir a los autores y productores culturales y las entidades de gestión funcionan conforme a derecho de forma transparente y eficaz". Ambas premisas le sirvieron ayer para pedir al PP que "reflexione sobre las campañas de descrédito de estas entidades".

Este examen de la Agencia de Evaluación irá acompañado de un segundo estudio, que se realizará este año, para comparar el sistema español de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual con los vigentes en países del entorno y la percepción del sistema por grupos afectados e interesados.