El Ayuntamiento de Valencia estudia denunciar a González Sinde por prevaricación
Según Rita Barberá, al ministra "ha ocultado" un informe de Patrimonio sobre el barrio que "no le era favorable"
El Ayuntamiento de Valencia ha encargado un informe a un gabinete jurídico de lo Penal para estudiar si denuncia por prevaricación a la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, por los derribos de varios inmuebles en el barrio de El Cabanyal.
Barberá ha hecho estas manifestaciones a los periodistas antes de participar en el Congreso en una reunión de alcaldes y responsables de su partido, el PP, para abordar la financiación local. Hasta que no tenga una "garantía" de ese gabinete jurídico, la alcaldesa de Valencia no denunciará a la ministra, aunque ella está convencida de que la titular de Cultura ha cometido prevaricación en este asunto.
Además, según Barberá, González Sinde "ha ocultado" un informe de Patrimonio sobre el barrio que "no le era favorable" y que fue emitido el 14 de julio de 2009. Ese informe, ha agregado la alcaldesa de Valencia, se ha sacado del expediente de El Cabanyal porque "no le gustaba", por lo que el Ayuntamiento ha pedido al Ministerio que se lo muestre.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana que ampara los derribos de viviendas en ese barrio, por lo que las demoliciones han quedado paraliadas temporalmente. A juicio de Rita Barberá, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de "agresión con el BOE" contra una actuación que, tal y como ha subrayado, estaba "absolutamente legalizada" y contaba con todos los trámites adminisrativos pertinentes.
Los derribos también han querido paralizarlos, ha añadido, los sectores violentos, amparados por el Ejecutivo, cuyo "compañero", ha enfatizado, es la "violencia". Barberá ha asegurado que la ministra no conocía la "degradación importnte" que sufre el barrio, cuyas viviendas quiere mantener bajo "una absoluta mentira de que se trata de patrimonio histórico".
Para la regidora del PP, en un país avanzado "no hubiera pasado esto" porque un Gobierno "no se hubiera atrevido a inmiscuirse en las competencias de otras administraciones".
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