Grupos religiosos cristianos y judíos se unen en una demanda contra las detenciones de migrantes en lugares de culto

Más de dos docenas de grupos religiosos cristianos y judíos, que aglutinan a millones de fieles en Estados Unidos, presentaron este martes una demanda en un tribunal federal del Distrito de Columbia en contra de la campaña de deportaciones de Donald Trump, que permite a los agentes de inmigración entrar en los lugares de culto para realizar las detenciones.

Los demandantes, entre los que se encuentran la Iglesia Menonita, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Episcopal, la Red Nacional Latino Cristiana, la Conferencia Central de Rabinos Americanos y la Convención Bautista Hispana de Texas, denuncian que la intromisión de las fuerzas de seguridad en sus templos para detener a migrantes viola la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de culto.

“Las congregaciones están experimentando disminuciones en la asistencia a los cultos y la participación en los servicios sociales debido al temor a ICE [la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas], y se encuentran en esta posición en la que tienen que elegir si continúan dando la bienvenida y alentando a las personas indocumentadas a sus lugares de culto de acuerdo con su misión religiosa, sabiendo que las estarán exponiendo a la detención y la deportación”, argumenta Kelsi Corkran, abogada principal de los demandantes. “Cualquiera de las opciones violaría su ejercicio religioso. Por eso es una violación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Primera Enmienda”, sostiene.

La demanda Menonita de Estados Unidos contra el Departamento de Seguridad Nacional fue interpuesta en Washington D.C. por el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de Georgetown. Es la respuesta de los líderes religiosos a la ofensiva de la Administración de Trump, que en aras de llevar a cabo la mayor deportación de la historia ha permitido a los agentes de migración traspasar límites que parecían inviolables.

Las iglesias y otros lugares de culto, junto con los hospitales y las escuelas, se han considerado durante décadas “lugares sensibles”, lo que les ha mantenido protegidos de las redadas de la policía migratoria. Trump levantó ese veto nada más llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero, y su “zar de la frontera”, Tom Homan, ya ha ordenado detenciones en iglesias.

La demanda sostiene que la nueva política está generando miedo, lo que reduce la asistencia a los servicios de culto y otros programas eclesiásticos. El resultado es que se infringe la libertad religiosa de los grupos, específicamente su capacidad para atender a los migrantes, incluidos aquellos que están en Estados Unidos ilegalmente.

“La Biblia y la teología cristiana y la tradición de la Iglesia es clara y unánime, sobre la obligación de los cristianos de acoger, servir y proteger al inmigrante indocumentado entre nosotros. En nuestro compromiso de seguir las enseñanzas de Jesús, afirmamos el mandato y la responsabilidad de Dios de salvaguardar y nutrir a todos los hijos de Dios, sin excepción”, señaló Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina, en una comparecencia conjunta ante los medios.

Trump había asegurado que las deportaciones se limitarían al comienzo a los migrantes con historial delictivo, pero la realidad es que cualquier indocumentado es susceptible de ser deportado. Y en cualquier lugar. Homan, ya declaró que las deportaciones se harán “en todo el país, sin inhibiciones de ninguna directriz de la Administración anterior”.

Este martes, también el papa Francisco envió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que critica duramente la política migratoria de Trump y advierte que “lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”.

La demanda presentada recoge el caso de Wilson Velásquez, que fue detenido cuando atendía un servicio religioso en una iglesia de las afueras de Atlanta. Velásquez es hondureño y había viajado a Estados Unidos con su esposa y tres niños en 2022, donde solicitó asilo nada más cruzar la frontera. Fue liberado tras colocarse un monitor de rastreo GPS en el tobillo. Había asistido a todos los controles requeridos en una oficina de ICE en Atlanta y tenía una fecha programada para presentar su caso de asilo ante un juez. Los agentes de ICE lo arrestaron y alegaron que estaban “buscando a personas con brazaletes en los tobillos”.

“Hay un riesgo directo de intrusión del Gobierno en los espacios sagrados”, asegura el rabino Rick Jacobs, de la Unión del Judaísmo Reformista. “La historia del pueblo judío es una en la que, debido a la persecución religiosa, nos vimos obligados, una y otra vez, a huir de las tierras en las que residíamos. Es por eso que valoramos el compromiso estadounidense con la libertad religiosa, permitiéndonos a nosotros y a todas las personas la capacidad de adorar y vivir las enseñanzas de nuestra fe sin interferencia del Gobierno”, explica.

El temor de los demandantes no se limita al allanamiento de sus servicios religiosos. Además de la guía espiritual, muchos de estos grupos ofrecen otros servicios a la comunidad, como clases didácticas, entrega de comidas, cuidado infantil, refugio y asesoramiento para los migrantes. El miedo a ser detenidos ya está causando absentismo.

El pastor Malavé subraya que los latinos son los más afectados. “En todo el país hay iglesias que han estado cancelando diferentes servicios, como clases de inglés como segunda lengua, porque la gente no puede correr el riesgo de ir a esos lugares en este momento”. “Mi madre, que tiene 84 años, tiene miedo hasta de ir a Walmart”, sostiene.