La defensa de los derechos de trabajadores migrantes en Estados Unidos toma fuerza

Un contrato temporal de trabajo agrícola en Estados Unidos puede cambiar la vida de un trabajador migrante originario de un país en desarrollo, pero se han presentado tantos abusos que el Gobierno ha tenido que reaccionar. Desde el robo de sus sueldos hasta el cobro de “comisiones” a cambio del contrato, trabajadores extranjeros padecen de abusos que suelen no reportar a las autoridades por temor a represalias.

Unos 2,4 millones de trabajadores agrícolas trabajan en granjas y ranchos en los Estados Unidos, la gran mayoría inmigrantes, de acuerdo con la organización Farmworker Justice. Aproximadamente el 36% carecen del estatus laboral para hacer ese tipo de trabajo. En 2022, el país recibió a 300.000 trabajadores temporales con una visa H-2A para trabajar, de mayoritariamente, en el campo, según el Instituto de Política Económica (EPI, por su sigla en inglés). Esta visa, que se tramita a través de empresas privadas en el país de origen directamente con empresas empleadoras en Estados Unidos, es de carácter temporal y tiende a renovarse cada año.

En promedio, un contrato de seis meses le genera un ingreso de 12.500 dólares en total durante los seis meses de duración del trabajo. Eso es aproximadamente diez veces lo que ganaría un trabajador agrícola promedio en México, asegura Pall Kvaran, experto en desarrollo y administrador en la organización no-gubernamental Labor Mobility Partnerships (LaMP). “Sus ingresos se multiplican por diez, es una oportunidad enorme y la mayoría de los trabajadores van al mismo empleador año tras año. Entonces, cuando obtienes un contrato H-2a por primera vez, es un poco como ganarte la lotería”, dice Kvaran. El programa de H-2A es uno de los programas de labor móvil más grandes del mundo.

Pero el programa H-2A, así como un segundo programa enfocado en profesionales con habilidades específicas, conocido como el de visas TN, se han visto envueltos en controversias y litigios, respectivamente, por abusos a los trabajadores migrantes. Recientemente, la organización sin fines de lucro Centro de los Derechos del Migrante anunció que representarán a dos mexicanos en una demanda colectiva contra sus empleadores, GFA Alabama y Hyundai Glovis, por “condiciones laborales fraudulentas y abusivas que soportaron mientras trabajaban en Estados Unidos con visas TN”, según informaron en un comunicado.

“Los reclutadores en México les prometieron trabajos de ingeniería en Estados Unidos, trabajos que impulsarían su desarrollo profesional”, cuenta la organización, “pero, una vez en Estados Unidos, sus empleadores los pusieron a realizar trabajos manuales extenuantes, cargando autopartes y electrodomésticos durante 12 horas al día. Sus responsabilidades, condiciones laborales y salario no se acercaban a lo que les habían prometido. Cuando hablaron, sufrieron amenazas y represalias”.

Este es el mismo problema que padecen los agricultores, dice Kim Geronimo, también especialista en LaMP. A través de casi 9.000 encuestas anónimas hechas el año pasado a trabajadores migrantes del campo, esta organización encontró que las empresas reclutadoras que funcionan como intermediarias les llegan a cobrar “comisiones” de hasta 1.000 dólares para asegurar que su contrato se renueve el próximo año, lo cual es una violación de sus derechos.

“Los empleadores buscan intermediarios o procesadores de visas y reclutadores que en su mayoría son privados en el país de origen”, dice Geronimo. “Lo que crea es una gran fragmentación en el proceso de contratación. Y cuando tienes un montón de fragmentación e intermediarios, empiezas a crear oportunidades de explotación”, explicó.

También, el año pasado, el embajador de EE UU en México, Ken Salazar, anunció que su país pagaría 6,5 millones de dólares en sueldos “perdidos”, a 13.000 trabajadores con visas H-2A. Más recientemente, en abril, el Departamento de Trabajo publicó nuevas reglas para trabajadores temporales que les permite organizarse y contactar a organizaciones de derechos laborales para denunciar abusos.

“Se podría decir que, con esto, la Administración de Biden intenta promover una mayor rendición de cuentas y tratar de crear mejores mecanismos de reclamación para los trabajadores, dice Geronimo, “pero lo que hemos observado en las encuestas anónimas que hemos estado haciendo a trabajadores es que hay una dinámica que los mecanismos de reclamación no van a resolver, el tipo de explotación a baja escala sigue pasando desapercibida. Realmente solo funcionarán si alguien es abusado con severidad y explotado. Pero para la gran mayoría, probablemente eso no sea suficiente”.