El Congreso comienza a citar a los 94 candidatos al consejo de RTVE

La elección del nuevo consejo de administración de RTVE comienza a desbloquearse. El Congreso ha empezado a citar esta semana a los candidatos que comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos a partir del próximo lunes. Están siendo convocados en tandas de 10 y siguiendo la clasificación establecida por el comité de expertos que evaluó a los aspirantes y valoró sus proyectos. En total, hay 94 solicitudes para ocupar las 10 plazas del órgano de gobierno de la radio y la televisión estatal. Su nombramiento pondrá fin al mandato de la periodista Rosa María Mateo, administradora única de la corporación desde hace dos años y medio.

El desfile de los candidatos se abrirá con una primera ronda compuesta por aquellos que obtuvieron las puntuaciones más elevadas: Javier Montemayor, Rafael Camacho, Manuel Ventero, José Manuel Pérez Tornero, María Eizaguirre, Francisco Moreno, Agustín García Matilla, Eladio Jareño y Vicenç Sanclemente. La lista está encabezada por Alicia Gómez Montano, que falleció el pasado enero.

Los llamamientos están siendo efectuados por los propios letrados de las Cortes, que van dando cita para días concretos. Advierten de que la hora de las intervenciones se fijará mediante mensajes enviados por correo electrónico. Para agilizar las evaluaciones, a cada candidatura se le adjudicará un tiempo aproximado de media hora. Inicialmente, los aspirantes se someterán a la exposición y las preguntas de los 10 portavoces de la comisión, que contarán con dos minutos cada uno. Y dispondrán del tiempo restante para defender su proyecto.

Comparecerán ante la comisión que preside Meritxell Batet y a la que pertenecen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, algunos de los cuales están también adscritos a la comisión encargada del control de RTVE. Esta convocatoria servirá para comprobar cuántos de los 94 continúan en la carrera hacia la presidencia de la corporación.

Con esta masiva citación se evapora la esencia del concurso público convocado por el Parlamento para la elección del consejo de RTVE y se aniquila en gran parte un procedimiento innovador diseñado con el objetivo de despolitizar sus órganos de gobierno. Se trataba de elegir un consejo con perfiles profesionales y no políticos. Además, se entierra en gran medida el trabajo realizado por un comité de expertos (compuesto por 17 miembros designados por los grupos parlamentarios) que seleccionó a los 20 candidatos bajo los principios de mérito y capacidad. Entre ellos había cuatro mujeres y 16 hombres.

Tras dos años de parálisis, a mediados de diciembre, la Mesa del Congreso acordó por unanimidad reactivar el proceso para sacar a RTVE del limbo en el que permanece desde 2018 y que ha conducido a la televisión pública a una progresiva pérdida de relevancia.

El mecanismo se puso de nuevo en marcha tras resolver la treintena de recursos que pesaban sobre la primera criba realizada por los expertos. Esta oleada de impugnaciones amenazaba con abrir un complejo periplo en los tribunales. También se desestimó la idea de que fueran los partidos los que propusieran aspirantes en función de su peso parlamentario para evitar el desfile de los 94 que optaron al concurso. Esta opción podría haber terminado igualmente en los tribunales.

Pero el procedimiento elegido por el Congreso no contenta a todos. Algunos profesionales mantienen su idea de recurrir al Tribunal Constitucional por entender que se ha producido “indefensión”. “Han cambiado las reglas del juego a mitad del partido y sin el conocimiento de la gente”, dicen. Otros aplauden que todos tengan la opción de exponer su proyecto en igualdad de condiciones. “Es más justo. No pareció muy correcto hacer la valoración de proyectos después de conocerse la puntuación de los currículos”, asegura Javier Martín Domínguez, clasificado en el puesto 29º.

Otros son muy críticos respecto a los baremos sobre los que se asentó la primera selección. El ingeniero de telecomunicaciones Ángel Luis Gonzalo (puesto 58º) considera que “se convirtió un concurso abierto, democrático y competitivo en un concurso restringido para periodistas inexpertos en gestión”. Añade que de esta evaluación salieron beneficiados los informadores y perjudicados los economistas, ingenieros o abogados.