Cruce de denuncias por el canon digital

Si tu me demandas, yo más. Tres organizaciones han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos y apropiación indebida contras distintas sociedades de gestión de derechos de autor. La respuesta de éstas no se ha hecho esperar en forma de querella criminal por "calumnias" contra la plataforma Todoscontraelcanon.com.

En un comunicado conjunto de las entidades de gestión éstas aseguran que "la denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión". Asimismo piden a la fiscalía Anticorrupción que de "la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa" al considerar que su actuación "se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)".

Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión, ha asegurado a este periódico que "los denunciantes, intencionadamente presuponen que alguien se ha llevado el dinero porque comparan cifras que no son comparables. Su único objetivo es calumniarnos sin el más mínimo rigor analítico, cuando nuestras cifras están avaladas por AEVAL". Sánchez también lamenta que los denunciantes también consideren que sus socios, "a los que todos los años presentamos los informes de gestión", no tienen suficiente capacidad intelectual "para analizar las cifras", de las que solicitan una auditoría ante la fiscalía.

Esta mañana, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas y la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) se dirigen contra los consejos de administración de estas entidades y los funcionarios "que hayan avalado o encubierto" las anteriores prácticas pertenecientes a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Las entidades denunciadas son SGAE, Cedro, Egeda y AIE.

Según el abogado denunciante Josep Jover, la iniciativa parte del estudio de la documentación pública sobre la recaudación por copia privada (canon digital) que las citades entidades remitieron al Ministerio de Cultura y las cifras publicadas por las mencionadas organizaciones en sus informes de gestión. "Apreciamos que existe una diferencia de 50 millones de euros que no habrían abonado a sus asociados". La demanda también se dirige contra funcionarios del ministerio porque "habiendo publicado los datos no han reaccionado ante la diferencia que presentan los mismos".

Ana Maria Méndez, copropietaria de la barcelonesa tienda de informática Traxtore, que desencadenó la sentencia europea contra el canon digital , es una de las demandantes ante la Fiscalía Anticorrupción porque considera que es la consecuencia lógica de una "situación insostenible. Cuando vimos que Cedro suspendía el fondo de garantía social por la alarma creada por el fallo europeo, nos preguntábamos ¿por qué privan de ayuda a sus socios si a lo largo de 2010 han seguido recaudando el canon en su totalidad, aunque la sentencia establezca que es indiscriminado?". Al comparar la documentación y ver que "las cifras no cuadraban", decidimos solicitar a Anticorrupción que realicen una auditoria oara saber qué se recaudan exactamente por el canon, cómo se reparte y a quién"