La UE se propone que la banda ancha sea un derecho universal

Los ministros responsables del aérea de las telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), reunidos ayer en Viterbo (Italia), aprobaron un documento final en el que ponen de manifiesto que el desarrollo de las conexiones de banda ancha es un factor clave para el crecimiento económico de Europa e indican que su objetivo es que se convierta en un derecho universal. Por ello, los Quince se comprometen a potenciarlas, aunque de forma homogénea y no discriminatoria, lo que permitirá lograr un mercado libre y competitivo.

Para ello, los Quince apuestan por el uso de los fondos estructurales de la Unión y el esfuerzo de los Gobiernos mediante incentivos fiscales a los operadores para extender las infraestructuras o la redistribución de partidas presupuestarias. El objetivo de esta iniciativa es la reducción de la brecha digital, es decir, las diferencias en el desarrollo tecnológico entre regiones.

El documento aprobado por los ministros propone que los Gobiernos concedan incentivos fiscales a los operadores que realicen proyectos en las zonas más desfavorecidas en este ámbito, en particular las rurales. El texto insta también a los países miembros a apoyar las inversiones en telefonía móvil de tercera generación, a fin de que la UE mantenga su primacía en este ámbito. Además, sugiere no descuidar el desarrollo de las infraestructuras de comunicación por satélite, cuyo éxito "reforzaría de forma decisiva la competitividad en Europa", añade el texto.

Fondos estructurales

El comisario europeo Erkki Likkanen recordó que existe una partida para el fomento de la sociedad de la información de 10.000 millones de euros para el periodo 2000-2006, procedentes de los fondos estructurales, lo que supone el 7,3% del total de lo presupuestado por este concepto. Likkanen presentó además a los ministros un reciente estudio de la Comisión Europea sobre las líneas directrices relativas a los criterios y modalidades de aplicación de los fondos estructurales en favor de las comunicaciones electrónicas, que contó con el consenso de los participantes. En él señala que ese dinero debe estar limitado a las infraestructuras, es decir, las instalaciones y los equipamientos y estar abierto a todos los operadores y suministradores de servicios. Además, indica que las condiciones de localización del territorio en el que se realicen las inversiones no deben favorecer a los operadores dominantes ni provocar distorsiones en otros mercados.

El comisario indicó también que las autoridades nacionales pueden fomentar el desarrollo de estas conexiones de alta velocidad a través de otras medidas, más simples pero igualmente útiles, como la aplicación de programas que ayuden a los ciudadanos y difundan las nuevas tecnologías. Así, el programa comunitario eEurope 2005 requiere que todas las instituciones públicas, incluidos hospitales y escuelas, estén conectadas a la banda ancha para esa fecha. "El objetivo es hacer de la banda ancha un derecho universal como ocurre ahora con la telefonía fija", según las conclusiones aprobadas por los ministros.