El Gobierno aprueba el anteproyecto de la Ley de Telecomunicaciones

El Consejo de Ministros ha dado hoy su visto bueno al anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, en sustitución de la que rige desde abril de 1998, que enviará al Consejo de Estado antes de someterlo a debate parlamentario en febrero. Se espera que entre vigor antes de un año.

La principal novedad de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT) es la simplificación del régimen de autorización para dar servicios de red o de telecomunicaciones. Cualquier empresa podrá constituirse en agente y funcionar con sólo notificarlo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), salvo que requiera el uso de espectro, sin necesidad de precisar una licencia o autorización.

El anteproyecto profundiza en la liberalización de las telecomunicaciones, acota el papel de la Administración como árbitro y garante del cumplimiento de las reglas del juego, eliminando trámites burocráticos, y establece la posibilidad de que los operadores puedan alquilar el derecho del uso del espectro radioeléctrico a terceros, excluyendo sin embargo la venta de frecuencias. La ley apostará por conceder el derecho de uso de parte del espectro, en lugar del mecanismo actual de concurso, y crea la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que se encargará de gestionar el dominio público radioeléctrico.

Más peso a la CMT

El texto refuerza el papel de la CMT, que deberá definir quienes son los "operadores con peso significativo en los mercados de referencia", definición que sustituye a la actual de "operador dominante", así como los propios mercados de referencia, tanto a escala local como nacional. El órgano que preside Carlos Bustelo deberá fijar la cuantía con la que los operadores participan en la financiación del servicio universal, donde consolida el acceso funcional a Internet. Supervisará con análisis periódicos los distintos mercados para determinar si hay competencia suficiente entre los agentes.

Redes de móviles

El anteproyecto recoge el derecho de los operadores a solicitar la ocupación de una propiedad privada para instalar su red, bien mediante la expropiación forzosa o a través de la declaración de servidumbre forzosa de paso. Asimismo, propone que las administraciones públicas fomenten acuerdos entre los operadores de para compartir redes. Por último, refuerza el papel de la Administración en lo relativo a infracciones y sanciones, con la posibilidad de imponer medidas cautelares durante el procedimiento sancionador o de inhabilitar a las empresas que comentan infracciones graves.

Servicio "para todos"

Se mantiene la institución del "servicio universal" como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. Incluye el "acceso funcional a Internet", en vigor tras la aprobación el 11 de julio de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y que queda recogido en el anteproyecto. Se inluyen derechos como el de celebrar un contrato con el operador que suministre el acceso a la red telefónica, a elegir el medio de pago para el abono de los servicios, a resolver anticipadamente sin penalización el contrato cuando se modifiquen las condiciones contractuales o a recibir información comparable y actualizada sobre la calidad del servicio.