El Gobierno amplía la brecha digital entre regiones al permitir a Telefónica sustituir el cable por ADSL

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, ha liberado a Telefónica de la obligación de dar servicios a través de redes de fibra óptica en las autonomías donde no opera ninguna otra empresa, ha informado la Cadena SER en su página en Internet.

Según fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno ha aprobado cambiar las condiciones establecidas en la concesión a Telefónica de este servicio, pero la decisión no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado por tratarse de una resolución. Telefónica también ha confirmado a la Cadena SER la existencia de este cambio.

El Gobierno ha tomado esta decisión en contra del criterio del Consejo de Estado que, consultado sobre la materia, ha manifestado que "la supresión de toda mención" a la tecnología "podría llevar a desnaturalizar el concepto mismo de servicio público de difusión por cable". Al renunciar al cable, el Gobierno crea una brecha entre las comunidades donde operan empresas distintas a Telefónica, que implantará ADSL. Se producirán así diferencias en la velocidad de acceso a Internet, en las tarifas telefónicas y los servicios de televisión.

El Gobierno renuncia, por lo tanto, a la implantación de la banda ancha en Ceuta, Melilla, Extremadura, parte de Andalucía y Castilla-La Mancha, al permitir que Telefónica pueda sustituir el cable, que requiere una fuerte inversión por la necesidad de instalar redes de fibra óptica en las ciudades, por el ADSL.

El ADSL utiliza para la transmisión de datos el cable telefónico, por lo que la operadora sólo deberá realizar modificaciones en la central telefónica que puede dar este servicio a todos los hogares que se encuentren a una distancia de entre dos y diez kilómetros de ella. Las operadoras de cable, por el contrario, se han visto obligadas a tender redes de fibra óptica en sus demarcaciones, con el elevado coste que ello supone, además de tener que lidiar con los ayuntamientos para conseguir las licencias de obras.

Cuando, hace unos años, el Gobierno concedió las

licencias para la implantación de las redes de cable, Telefónica adoptó el compromiso de cubrir las demarcaciones en las que los concursos quedaran desiertos. Ceuta, Melilla, Extremadura, y algunas provincias de Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares se encuentran ahora en esta situación, pero no contarán con redes de cable, pues Telefónica va a poder sustituir esta tecnología por un ADSL mejorado que se queda muy lejos de las prestaciones dadas por la fibra óptica.

La transmisión de datos por redes de fibra óptica permite a los ciudadanos recibir cientos de canales de televisión, línea telefónica e Internet de alta velocidad. Las ofertas de los operadores actuales incluyen paquetes con estos servicios por precios inferiores a los ofrecidos por Telefónica para el ADSL, con el que, según las pruebas que viene realizando esta empresa en Alicante, sólo se podrán recibir ocho canales de televisión y nunca de forma simultánea, además de una conexión a Internet de velocidad inferior y línea telefónica.

Además, Telefónica podrá recuperar 90 millones de euros que depositó como aval de su compromiso con el cable, si cumplía con las condiciones de la concesión administrativa antes de 2003. Al cambiar estas condiciones, será más probable que la empresa recupere el aval. Tras los tres años que permaneció inactiva por una moratoria ordenada por el Gobierno (que pretendía permitir el desarrollo de otras operadoras sin que Telefónica hiciera uso de su posición de dominio) la multinacional se encontraba lejos de poder cumplir antes de esa fecha. Ahora, con el permiso del Ejecutivo para usar ADSL, la empresa de César Alierta estará más cerca de recuperar ese dinero.