Sanidad y las comunidades acuerdan compartir los datos básicos de los cribados de cáncer tras una “tensa” reunión

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han llegado a un acuerdo para compartir los datos básicos de los cribados de cáncer (de mama, colorrectal y de cérvix), de forma que puedan ser comparables entre autonomías. Se basarán en los tres indicadores fundamentales: cuánta población ha sido invitada a las pruebas, qué porción de esta ha acudido y qué porcentaje final ha dado positivo.

Los directores de Salud Pública perfilarán los indicadores básicos este jueves: falta por ver si se incluyen más detalles, como por ejemplo, cuántos pacientes han comenzado el tratamiento y en cuánto tiempo. Servirán como referencia previa a crear una base de datos más extensa, según el acuerdo alcanzado por los consejeros y la ministra, Mónica García, este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García había urgido a las comunidades a compartir los datos después de que estallase el escándalo de cribados en Andalucía. El problema, argumentaban las gobernadas por el Partido Popular, era que no existía una plataforma informática para hacerlo, por lo que no había una forma oficial y homogénea de compartirlos.

A pesar de ello, todas las comunidades, excepto Madrid, se comprometieron a enviar a Sanidad los datos con los que contaban. Ante la negativa de la consejería madrileña, el ministerio amenazó la semana pasada a la comunidad con querellarse si no los recibía en un mes.

Pero las aguas se han calmado este miércoles. Aunque el CISNS ha sido “relativamente tenso”, en palabras de García, al final ha habido acuerdo. También ha celebrado la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que los indicadores básicos permitirán comparar estadísticas entre comunidades de forma homogénea. “Hemos conseguido que la ministra se comprometa a no usar los cribados como arma política”, ha dicho a la salida del CISNS.

“Desconfianza de la ciudadanía”

Ambas han coincidido en que la situación de los cribados está generando “desconfianza de la ciudadanía” en unas pruebas que salvan vidas. Pero si la consejera de Madrid lo ha achacado al “circo mediático” que se ha creado en torno a ellos, la ministra de Sanidad ha señalado a los gobiernos autonómicos populares y, sin nombrarlo explícitamente, al de Madrid, el único que se había negado rotundamente a facilitar los indicadores disponibles.

“Tras semanas de un bloqueo incomprensible, las comunidades del PP han aceptado entregar los datos”, ha dicho García. “Hoy hemos reiterado la necesidad de que para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los sistemas de cribado, que estamos seguros de que funcionan en todas las comunidades autónomas, lo primero que tiene que haber es transparencia, que los consejeros no tienen nada que ocultar y nos dan los datos con normalidad”, ha añadido.

Tras una reunión de más de cinco horas en la sede del ministerio, García ha hecho una cronología desde que, a principios de octubre, “saltaron las alarmas” en Andalucía cuando la asociación AMAMA denunció que más de 2.000 mujeres (ahora calculan que son más de 4.000) había tenido una prueba dudosa y no se les había notificado.

El 13 de octubre el Ministerio de Sanidad envió una carta a las comunidades para que mandaran los datos de los cribados y el 24, en un CISNS ordinario, los consejeros populares abandonaron en bloque por el desacuerdo con el ministerio a la hora de enviarlos.

Protocolo para compartir datos

Meses antes de que estallase la crisis de los cribados en Andalucía, en abril, el ministerio y las comunidades autónomas habían acordado un extenso protocolo con 63 indicadores para compartir datos de los tres cánceres para los que existen cribados (mama, colon y cérvix).

Se trata de una herramienta epidemiológica que poco tiene que ver con el problema de notificaciones que ha estallado en Andalucía. La idea era saber cómo estaban funcionando los cribados en cuanto a respuesta, tiempos de espera y tratamientos, de forma que se pudieran medir resultados nacionales (algo que ahora es imposible) y comparar los de las distintas comunidades.

Pero para poner en marcha este protocolo es necesario una herramienta informática que permita el volcado de datos, algo que corresponde al Ministerio de Sanidad y que todavía no está lista. Por eso se llega ahora a un acuerdo de mínimos: compartir las estadísticas básicas, las que tienen todas las comunidades ya en sus bases de datos.

Los indicadores comenzarán a recogerse desde ya, aunque según ha dicho la consejera Matute, no existe un cronograma para hacerlo, algo que también debatirán este jueves los directores de Salud Pública.

Hay comunidades, ha asegurado la ministra, que ya han enviado los que tienen: “Hay algunas que han enviado 5, otras 10, otras 12. Lo pueden hacer en Excel, en Word, como quieran, para poder analizar y ver en qué se puede mejorar, para dar certezas y confianza”.

Con estos datos, por ejemplo, se podrá analizar en qué cribados hay más respuesta y tratar de incrementar la de los que tengan menos. Se sabe que en el de mama participan más personas que en el de colon, pero no exactamente en qué medida. “Seguramente hay más concienciación”, ha aventurado García.

Acuerdos del interterritorial

La ministra ha destacado que el acuerdo del interterritorial no es una excepción, sino la norma en la mayoría de estas reuniones, en las que se han aprobado más de 70 medidas desde que García ocupa la cartera.

“Espero que este mismo espíritu lo llevemos a cabo en el programa de gripe, y espero que mañana en la Comisión de Salud pública haya un protocolo común para la epidemia de virus respiratorios que vendrá en diciembre o enero”, ha dicho García.

El Ministerio impulsó el año pasado un protocolo común que se basaba en el que se utilizó para la covid: dibujaba tres escenarios de riesgo, con recomendaciones para cada uno de ellos. Proponía, por ejemplo, aconsejar las mascarillas a las personas sintomáticas durante todo el periodo de infecciones respiratorias, así como el autoaislamiento en la medida de lo posible, teletrabajando, si se daban las circunstancias. Pero las comunidades del PP y alguna del PSOE (como Castilla-La Mancha) tumbaron este plan al considerarlo “muy verde”.