Feijóo fracasa en su apuesta por crear un “calendario vacunal común” propio para las comunidades del PP

Alberto Núñez Feijóo hizo el 27 de enero un anuncio solemne durante una visita a una residencia de mayores en Córdoba. El líder del PP proclamó que las comunidades autónomas gobernadas por su partido iban a impulsar un “calendario vacunal común” a partir de este mes de septiembre, cuyo primer objetivo iba a ser introducir en España la vacuna frente el virus respiratorio sincitial (VRS) para mayores y pacientes vulnerables mediante una compra conjunta de los fármacos.

“Dado que el Gobierno [central] no ha querido dar este paso, las comunidades gobernadas por el Partido Popular lo harán, dando solución a los problemas de los ciudadanos”, afirmó Feijóo tras poner en valor que las autonomías del PP “llevan meses trabajando en un calendario vacunal común”, puede leerse en la nota de prensa publicada entonces por el partido. Esta añadía que “la compra en bloque de las vacunas implicará menos coste global y [Feijóo] lamenta que el Gobierno no haya adoptado esta medida”.

El anuncio era de calado, no solo porque situaba las políticas vacunales en el centro de la estrategia partidista por primera vez en España, sino porque rompía el acuerdo alcanzado solo dos meses antes por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades —también las del PP— en el seno de la Comisión de Salud Pública. La decisión entonces había sido retrasar la introducción del fármaco por razones presupuestarias y a la espera de que se consolidara la evidencia científica sobre la eficacia de la vacuna.

Transcurridos nueve meses, sin embargo, nada de lo prometido por Feijóo se ha cumplido. La compra centralizada de vacunas se ha demostrado una quimera y cuatro comunidades del PP —Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias— se han descolgado de la iniciativa, según las peticiones de información hechas por EL PAÍS a todos los gobiernos autonómicos.

“[La vacuna] no cuenta con la recomendación de la Comisión de Salud Pública [según] el documento de revisión del tema por parte de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad”, defiende la Junta de Andalucía. Galicia, por su parte, anunció el pasado miércoles que impulsará un gran ensayo clínico —que aspira a reclutar a 150.000 pacientes— para conocer mejor los beneficios del uso de la vacuna entre los grupos considerados de riesgo y que será en base a los resultados obtenidos que tomará una decisión.

La posición de ambas comunidades adquiere relevancia si se tiene en cuenta que Feijóo lanzó en enero su estrategia junto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. Y que Galicia fue presidida por el propio Feijóo hasta hace tres años. A todo lo anterior, se une la disparidad entre las comunidades que sí han decidido comprar las vacunas sobre cómo hacerlo. Cada una ha ido por su cuenta, tres mediante concurso público y el resto con procedimientos negociados sin publicidad.

Fuentes del PP aseguran que Feijóo sí “ha cumplido con el compromiso adquirido” porque habló de que la vacuna se administraría “a partir de septiembre, pero no que estuviese plenamente implementada en todas las comunidades este año”. Esta matización, sin embargo, vacía en la práctica de contenido la promesa hecha por Feijóo en enero, ya que el objetivo de introducir la vacuna en un futuro más o menos lejano es compartido por todas las comunidades, sean del partido que sean. El PP ha declinado comentar el fracaso de la compra conjunta de las vacunas y matiza que en Canarias “el PP no tiene competencias en Sanidad”, ya que esta cartera depende de su socio de Gobierno Coalición Canaria.

El virus respiratorio sincitial es un patógeno muy común y transmisible (cada caso contagia de media a otras 4,5 personas). En adultos y niños sanos, la infección provoca síntomas leves en las vías altas, como los de un resfriado, pero los cuadros clínicos llegan a ser mucho más graves en bebés, mayores e inmunopeprimidos, en los que esta alcanza los pulmones.

Durante décadas, el VRS ha sido el responsable de las periódicas oleadas de bronquiolitis que llenaban los hospitales de lactantes, un problema de salud pública que ha quedado prácticamente resuelto gracias al Beyfortus (nirsevimab, de Sanofi). Desde la introducción de este fármaco en la sanidad pública, hace dos años, las hospitalizaciones de bebés por bronquiolitis se han reducido cerca del 90%.

El virus tiene también un elevado impacto en personas mayores e inmunodeprimidas. Según el informe elaborado por los expertos de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, más de 12.500 personas de 65 años o más fueron hospitalizadas en España en el invierno de 2023-24 por este patógeno, de las que “el 28% tuvo neumonía, el 3,5% precisó ingreso en UCI y un 7,3% falleció”. Datos de la Comunidad Valenciana muestran que “el VRS provoca cada temporada entre el 3% y el 7 % de las hospitalizaciones por infección respiratoria en mayores de 60 años”.

Tres vacunas han sido aprobadas desde 2023 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): Arexvy (GSK), Abrysvo (Pfizer) y mResvia (Moderna) A diferencia del Beyfortus para lactantes, con el que España ha sido pionero en el mundo, en la inmunización de mayores la sanidad española va más retrasada que otros países. Estados Unidos la empezó a utilizar hace dos años y varios gobiernos europeos el pasado.

La Ponencia de Vacunas —formada por expertos de las comunidades y Sanidad— analizó a finales de 2024 la introducción de la vacuna en la sanidad pública este próximo otoño. Tras estudiar la evidencia científica publicada, la recomendación acordada fue “incorporar la vacunación frente al VRS en la población adulta más vulnerable”, según las conclusiones a las que ha tenido acceso este diario. Esta incluía a personas mayores de 60 años que viven en residencias y algunos pacientes trasplantados.

Esta recomendación, sin embargo, no fueron ratificada por las comunidades y Sanidad en la reunión de la Comisión de Salud Pública, que optó por retrasar un año la decisión común, hasta el invierno de 2026-27. Aunque este tipo de acuerdos no impide que alguna comunidad decida avanzarse al resto, lo habitual es que todas avancen el mismo ritmo, como ocurrió con el Beyfortus tras varios meses de discusiones.

No será esto, sin embargo, lo que ocurrirá en esta ocasión. Según las propias comunidades, al menos ocho pondrán en marcha este año la primera campaña de vacunación en adultos vulnerables. Siete de ellas están gobernadas por el PP —Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja— y una por el PSOE (Asturias).

Las que han decidido no hacerlo por ahora, además de Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias (del PP, la última en un pacto con Coalición Canaria y la Agrupación Herreña Independiente), son Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra (las tres gobernadas por el PSOE) y País Vasco (PNV en coalición con el PSE-PSOE). Cantabria, también del PP, no ha respondido a las preguntas de este diario.

En total, las comunidades que iniciarán la vacunación esta temporada destinarán este año cerca de 24,5 millones de euros para las 233.000 dosis adquiridas a 104,90 euros (sin IVA) la unidad de Arexvy, de GSK, que ha sido el suero elegido por todas ellas. Estas cifras no incluyen a Castilla y León, que no ha ofrecido datos.

Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Asturias han recurrido a procedimientos negociados sin publicidad en las compras. Fuentes sanitarias apuntan a que la razón para hacerlo es que las comunidades han querido adquirir específicamente esta vacuna porque los datos disponibles de los ensayos clínicos muestran que la protección lograda con ella se prolonga durante tres temporadas, aunque va descendiendo con el paso del tiempo desde el 82% logrado el primer año.

Más complicadas han resultado ser las licitaciones públicas convocadas. Madrid lanzó la primera a principios de año. La oferta recibida de Pfizer quedó excluida por sobrepasar los 120 euros de precio máximo previsto por dosis y la opción elegida inicialmente en mayo fue la de Moderna, que con 66,54 euros por dosis (sin IVA) era notablemente más barata que los 104,90 de GSK. La primera compañía, sin embargo, acabó siendo excluida del concurso —y este adjudicado a GSK— porque las bases exigían que las dosis tuvieran una vida útil superior a los 12 meses a partir del momento de la entrega, algo que Moderna no cumplía.

La respuesta de esta farmacéutica, que ha declinado ofrecer su versión a EL PAÍS, fue recurrir los otros dos concursos abiertos, en la Comunidad Valenciana y Extremadura, que contenían cláusulas similares y tuvieron que ser paralizados. Un portavoz de la primera autonomía ha confirmado que una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dejado ahora sin efecto el recurso y que puede seguir con sus trámites. Extremadura, por su parte, no ha informado a este diario sobre la marcha de su licitación.