Diez asociaciones denuncian en La Haya la represión de las afganas y piden al Gobierno que lidere la tipificación del ‘apartheid’ de género

Diez asociaciones se han adherido a la denuncia enviada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Afganistán por sus leyes y prácticas contra las mujeres y las niñas. También han instado al Gobierno español a liderar a nivel internacional la tipificación del apartheid por motivos de género. Como explica Tanía García, presidenta de APDHE, el apartheid está tipificado solo por motivos raciales: “Nadie suponía que el género iba a ser un motivo de segregación”.

El régimen talibán ratificó el pasado 23 de agosto una norma que endurece la represión social a los pocos días de cumplir tres años de vuelta en el poder. Entre los 35 artículos recogidos en 100 páginas está el de evitar el sonido en público de la voz de las mujeres, lo cual incluye actividades como cantar, recitar o hablar frente a un micrófono. Se les prohíbe, incluso, mirar a hombres que no sean sus parientes. También se prohíbe que usen cosméticos o perfume, con el fin último de evitar que imiten “los estilos de vestir de las mujeres no musulmanas”.

Así detalla García cómo nació la iniciativa: “El artículo 15 del estatuto de la Corte Penal Internacional prevé la posibilidad de que el fiscal reciba denuncias de hechos con apariencias delictivas para iniciar una investigación. Hemos hecho uso de esa posibilidad y hemos puesto en su conocimiento el sistema institucionalizado de vulneración de derechos de las mujeres. En nuestra opinión es un ataque generalizado y sistemático que reúne los caracteres del delito de lesa humanidad en la modalidad de trato degradante”.

A García, asegura, le consta que Exteriores ya estuvo valorando la posibilidad de la tipificación del apartheid de género. “Pero luego empezó la guerra a Ucrania, lo de Gaza... Entendemos que hay muchas emergencias en Exteriores, pero ojalá lo urgente no apague lo relevante y menos con un Gobierno que ha aprobado unas guías de política exterior feminista y que la considera como una de sus prioridades”. De momento, cuenta, no han recibido respuesta. La denuncia a La Haya, por otra parte, confía en que revitalice la instrucción. “Sabemos que había un procedimiento abierto, pero no en qué situación se encuentra”.

Entre las asociaciones que se han adherido, está, entre otras, el Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), la Fundación Mujeres y Más democracia. Esta última, asociación independiente que trata temas de calidad democrática y es presidida por la politóloga Cristina Monge, es la que a principios de septiembre promovió una recogida de firmas para, precisamente, exigir al Gobierno que lleve a la justicia internacional la causa de las afganas silenciadas.

Se recogieron 15.000. Un par de días después de que se lanzara la iniciativa ―que fue enviada por carta al Ministerio de Igualdad― hubo una reunión del departamento de la ministra Ana Redondo con un pequeño grupo de firmantes. En ese encuentro, Igualdad les trasladó, según una de las presentes, “el compromiso firme del Gobierno de tomar todas las medidas a su alcance y liderar este movimiento a nivel internacional”. También les trasladaron que estudiarían con Abogacía del Estado qué opciones había para solicitar a la fiscalía del TPI (Tribunal Penal Internacional) que investigara delitos como de lesa humanidad. Querían asegurarse, antes de iniciar el proceso, de tener “altas posibilidades de éxito” para no dar argumentos a los detractores. Pero, un mes y medio después, según confirma Cristina Monge, no han recibido noticias.

Esas 15.000 firmas, explica Monge, se han enviado a la UE. Desde la Comisión Europa, a la que se envió un correo electrónico, les han respondido que han trasladado la documentación al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que es el servicio diplomático de la Unión Europea, para su información. Asimismo, en el mail con acuse de recibo les han hecho saber que la UE no considera legítimo el gobierno de los talibanes y condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos que se están produciendo en Afganistán. Consideran que las “violaciones sistemáticas y sistémicas contra mujeres y niñas pueden constituir persecución por motivos de género, que es un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), del que Afganistán es Estado Parte”.