La exigencia de “derecho al tiempo” de las víctimas de pederastia hace avanzar el fin de la prescripción del delito en Latinoamérica

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El tiempo juega contra una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia, porque cuando consigue contarlo, si lo consigue, a veces muchas décadas después, la ley ya no puede hacer nada para castigar a su agresor, el delito ha prescrito. Y el pederasta puede seguir actuando. En 2010, en Chile, surgió un movimiento para cambiar esto llamado Derecho al Tiempo, que pide que estos delitos no prescriban nunca. Consiguió su objetivo en 2019, debido también a la indignación por el escándalo del sacerdote Fernando Karadima. Lo mismo había ocurrido en El Salvador con el caso del cura Jesús Delgado, que admitió abusos en el pasado tras la denuncia de su víctima, pero no pudo ser juzgado, y el país cambió la ley en 2015. A Chile y El Salvador se han unido en la última década Colombia, México, Perú y Ecuador, en todos ellos la pederastia ya no prescribe nunca, aunque la medida no tiene efecto retroactivo.

De este modo, según indica un informe elaborado por las organizaciones CHILD Global, Fundación Derecho al Tiempo y Brave Movement, Latinoamérica se ha ido colocando a la vanguardia de los cambios legales para combatir esta lacra en el mundo, donde hay un total de 32 países que han aprobado esta medida. El informe, que se presenta hoy martes, destaca la labor de la prensa, que ha destapado numerosos escándalos en la Iglesia, en el impulso del debate y el cambio social. En Bolivia, por ejemplo, fue gracias a una investigación de EL PAÍS, que reveló los abusos del jesuita español, Alfonso Pedrajas, que había escrito un diario con sus crímenes. El caso destapó luego muchos otros y el Gobierno boliviano presentó en el Congreso un proyecto de ley para abolir los plazos de prescripción en estos delitos, aunque fue rechazado. Bolivia está entre los países más atrasados en la legislación, pues el plazo de prescripción para una violación concluye cuando la víctima cumple 30 años. En España, donde este diario investiga la pederastia en la Iglesia desde 2018 y motivó la primera investigación oficial, el Parlamento catalán acaba de aprobar una propuesta al Congreso para reformar el Código Penal y que los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban. Es algo que ya existe en países como Bélgica, Holanda, Suiza o Suecia.

El informe, de 65 páginas, analiza la legislación de 19 países de Latinoamérica para radiografiar cómo es la situación en cada uno de ellos. Los autores esperan que sea una herramienta para activistas, políticos y legisladores para impulsar cambios que impidan la impunidad del delito. En una clasificación de los países, de mejor a peor según sus ordenamientos legales, Chile, El Salvador y México son los más virtuosos, porque además no tienen concordato con la Santa Sede que entorpezca o condicione de algún modo las investigaciones, otro factor que analiza el estudio. Les siguen Perú, Ecuador y Colombia, que también han abolido la prescripción, pero mantienen acuerdos con el Vaticano.

Los autores del documento consideran que “sería una buena práctica que los gobiernos nacionales abolieran sus concordatos con el Vaticano” pues advierten que en algunos países hay disposiciones que pueden impedir que un clérigo pueda ser procesado, y por lo tanto representan “una amenaza fundamental tanto para la democracia como para los derechos humanos”. “Como mínimo, deberían reformarlos para consagrar el principio de que ninguna disposición afectará a la persecución de los delitos sexuales del clero ni al intercambio de información con funcionarios públicos en su investigación judicial o extrajudicial”, apuntan. En muchos casos, como ha ocurrido en España con la investigación del Defensor del Pueblo, las autoridades no tienen acceso a los archivos y documentación de la Iglesia, que se puede negar a proporcionarlos. De hecho, en la clasificación del estudio, “España estaría en la mitad baja de la tabla”, señala Miguel Hurtado, la víctima que destapó los abusos en la abadía de Montserrat, Barcelona, y miembro fundador de Brave Movement, que ha participado en el trabajo.

En la parte media de la clasificación latinoamericana están Uruguay, Honduras, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Guatemala. En el tramo inferior se hallan Argentina y Venezuela, porque tienen plazos de prescripción y concordatos. Por último, en el extremo más negativo de la tabla el informe sitúa a Brasil y República Dominicana como los países con una legislación más hostil a las víctimas. Son los dos estados donde un concordato con la Santa Sede limita más la capacidad de investigar los delitos y además tienen plazos de prescripción. Además, República Dominicana y Cuba son los dos únicos lugares donde el plazo no comienza a contar con la mayoría de edad, sino desde el momento del delito, lo que reduce aún más el tiempo para denunciar.

Vinka Jackson, psicóloga, escritora y superviviente de abuso sexual, fue quien abrió en Chile el debate en 2007, impulsó la fundación Derecho al Tiempo y es una de las coautoras del informe: “Con el derecho al tiempo demandamos acoger las evidencias de la ciencia, de la medicina, en favor de que las víctimas de abuso sexual infantil puedan contar con el tiempo para comprender, elaborar, procesar, asimilar y entonces verbalizar lo vivido para poder recurrir a la justicia, sin temer que el muro de los plazos de prescripción, arbitrariamente definido, impidan no solamente la justicia, sino que interfieran en los procesos de reparación”. Lo que espera con este estudio es sumar al fin de la prescripción a las autoridades de otros países “que tienen en sus manos abrir la puerta y poner el tiempo del lado de las víctimas”.

El dosier apunta que “históricamente, los plazos de prescripción de los delitos relacionados con los abusos sexuales a menores han sido injustamente cortos”, y aunque se ha justificado que los plazos de prescripción “promueven la eficacia judicial”, las víctimas sufren la pérdida de su derecho a una reparación, que “se vive como un doble castigo”. El documento cita un estudio en Reino Unido que señaló cómo un 44.9% de hombres y un 25.4% de mujeres que sufrieron abusos no fueron capaces de contarlo hasta que pasaron más de 20 años. Otro trabajo en Estados Unidos, que analizó los casos de abusos en los Boy Scouts of America, estableció que más del 50% de quienes denunciaron lo hicieron después de los 50 años.

Hurtado opina que “gracias al periodismo de investigación, la sociedad civil ha aprendido sobre el fenómeno de la denuncia demorada, que la víctima no denuncia cuando quiere, sino cuando puede”. Si luego la justicia no puede actuar, “se vulneran los derechos civiles de las víctimas y se pone en peligro a otros menores, porque sin condena el agresor puede seguir trabajando con niños”. Es más, el informe recuerda que la reincidencia en estos delincuentes es muy alta y “su riesgo puede aumentar a medida que envejecen, ya que tienen mayor experiencia práctica, un modus operandi más sofisticado, su estatus social en la comunidad es más consolidado, y la asimetría de poder con sus víctimas es incluso mayor”. Por otro lado, el estudio apunta que es necesario crear un amplio consenso internacional sobre la prescripción de los delitos de pederastia porque los agresores cambian de país y pueden buscar los más permisivos. Ha quedado patente en el caso de la Iglesia, que ha estado trasladando de destino a los curas pederastas durante décadas.

El debate de la abolición de la prescripción no ha llegado solo a los procesos penales, sino también a los civiles, donde se reclaman indemnizaciones. En algunos casos, incluso, se ha aplicado con efecto retroactivo: en California se estableció en 2003 la fórmula de una ventana temporal que permitió, durante el plazo de un año, presentar demandas con efecto retroactivo por hechos del pasado ya prescritos. Actualmente, en España el plazo termina un año después de que se estabilicen las secuelas del daño. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en su discurso de investidura “reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba”.