Igualdad propone equiparar las indemnizaciones por fallecimiento de las víctimas de violencia machista con las de terrorismo

Cuando una víctima de terrorismo muere por causa de esa violencia, la cuantía que la familia recibe como indemnización es de 250.000 euros; la de una víctima de violencia machista, 90.000. Y el Ministerio de Igualdad propone equiparar ambas cuantías. “Creemos que es una política de reparación que debe asumir el Estado”, ha dicho este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, tras la tercera reunión del comité de crisis sobre violencia de género, formado por los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad y las autonomías donde se producen los asesinatos. En mayo, han sido cinco: uno en Barcelona, otro en Madrid, en Gipuzkoa, Málaga y Álava.

Sin embargo, precisamente País Vasco, la autonomía en la que se han registrado dos de los cinco asesinatos, no ha acudido a la convocatoria. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, y Rodríguez han explicado que la razón es que “están teniendo justo hoy su propio comité de crisis” tras el último de los asesinatos, el de la mujer embarazada de 32 años, a quien asesinó su expareja en Vitoria el sábado. Ambos convivían, a pesar de que el hombre tenía una orden de alejamiento, de cuyo quebrantamiento tenían constancia las autoridades.

Tras el análisis de esos feminicidios, las circunstancias en los que se dieron y las consecuencias, Igualdad ha hecho varias propuestas más que han explicado Rodríguez y Rosell. No se trata de propuestas inmediatas, sino que tienen que ser debatidas y ratificadas con las autonomías en la conferencia sectorial de Igualdad. La última de esas reuniones fue en marzo y no hay fijada ninguna convocatoria para las próximas semanas, en las que, con las Cortes ya disueltas, la actividad política se dirige hacia la campaña para las elecciones generales del 23 de julio.

Entre las medidas está la ampliación de la protección de las mujeres embarazadas. “Dos de las asesinadas estaban embarazadas y dos menores de edad han presenciado el asesinato de sus madres”, ha recordado Rosell, que ha contado que en el comité se ha hablado de “revisar la trascendencia de este indicador [el de estar embarazada]” para evaluar el riesgo dentro del sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género (VioGén).

Su propuesta es que las mujeres que tengan una orden de protección y estén embarazadas, mantengan esa orden también de forma automática para el hijo o hija cuando nazca. “Que se haga de oficio para después no obligar a la mujer a pedir medidas civiles o suspensión de visitas, que ya está establecido por ley, pero, aun así, sigue habiendo menores con visitas y comunicación con sus padres” cuando estos ya han sido denunciados por violencia machista.

También han propuesto que se amplíe el fondo de garantía para el pago de alimentos para las víctimas, que ahora mismo es de 8.000 euros, “y también lo que se percibe en términos de anticipo, que son 100 euros, a 500″, ha cifrado Rodríguez. Así como “el ofrecimiento proactivo” de aquellas personas que trabajan con ellas a la hora de poner una denuncia sobre los recursos habitacionales con los que cuentan. “No solo cuáles, sino el procedimiento para pedirlos porque literalmente puede salvarles la vida”. Y que se revisen las normas para la licencia y tenencia de armas. “Lo que tiene que ver con cosas ya establecidas, pero no operativas en la práctica”, ha dicho la secretaria de Estado. Por ejemplo, que se retire inmediatamente la licencia de armas ante una denuncia, que se acorten los tiempos de revisión de forma ordinaria, o que se crucen los datos de los agresores monitorizados en VioGén con la base de datos de tenencia de armas.

Los anteriores son planteamientos que necesitarán recorrido, al menos, en la conferencia sectorial de Igualdad. Pero hay otros, que ha puesto el área de Irene Montero sobre la mesa, que podrán ser activados de inmediato, ya que dependen directamente de ese ministerio: las dos órdenes de ampliación de la información que se emite desde el 016.

Una, ha explicado Rodríguez, es sobre la situación de los menores en casos de violencia machista: “Los menores son víctimas directas cuando lo son sus madres, no solo en el ámbito judicial sino en el de la protección social”. Por eso, Igualdad quiere que desde ese número de teléfono de asistencia a víctimas se incida en la idea de que “un maltratador no es un buen padre”. A su vez, que a las madres se les explique que ya la Ley de Infancia regula la capacidad de la Justicia para anular tanto las custodias como los regímenes de visitas cuando existe un proceso penal por violencia machista contra ellas o por violencia doméstica contra los hijos. Incluso, la norma establece que, sin necesidad de que haya un procedimiento abierto, la custodia y las visitas se pueden anular cuando se “advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género”.

La otra “orden de ampliación” para el 016 es “para que los entornos sepan actuar”, ha informado la secretaria de Estado. No solo llamar a la policía cuando adviertan que algo está ocurriendo, sino también actuar “en el acompañamiento de las víctimas”, para que “amigas y familiares sepan cómo dar los siguientes pasos”.