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Vox recurre al Tribunal Constitucional la ‘ley trans’ por estimar que anula derechos de padres y menores

La impugnación cuestiona que se pueda solicitar un cambio registral de sexo “sin acreditar nada salvo la mera voluntad de hacerlo”

El vicepresidente de Vox Javier Ortega (d); el secretario general del grupo parlamentario José María Figaredo (i); la vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro (2i) y la diputada y portavoz de Igualdad, Carla Toscano (2d) presentan este miércoles un recurso contra la ley trans en el Tribunal Constitucional.
El vicepresidente de Vox Javier Ortega (d); el secretario general del grupo parlamentario José María Figaredo (i); la vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro (2i) y la diputada y portavoz de Igualdad, Carla Toscano (2d) presentan este miércoles un recurso contra la ley trans en el Tribunal Constitucional.Jennifer Gómez (EFE)

Vox ha presentado este miércoles en el Tribunal Constitucional un recurso contra la totalidad de la llamada ley trans. La impugnación, suscrita por el grupo parlamentario, sostiene que la citada norma plantea numerosos motivos de inconstitucionalidad y que con ella “se limitan de un modo insoportable en nuestro Estado de derecho la libertad de expresión, la libertad ideológica y hasta la libertad de empresa”. Esta iniciativa de Vox supone el recurso número 47 que presenta en la actual legislatura contra todo tipo de leyes impulsadas por el Gobierno y aprobadas por el Parlamento.

El recurso cuestiona que la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI permita la decisión del menor de 12 a 16 años “sin permiso ni consejo de sus padres (ni tampoco de un informe y asesoramiento médico) en una cuestión con tanta trascendencia como es la extirpación o modificación del aparato genital”; y añade que con ello no solo se “impide a los padres ejercer su derecho y deber de guiar, aconsejar y acompañar a sus hijos menores, sino también el derecho de estos a recibir esa ayuda y asistencia”. Es esta, sin embargo, una cuestión no contemplada en la ley, que solo habla de los trámites administrativos para cambiar la casilla del sexo y el nombre en el Registro Civil y no se extiende al ámbito sanitario.

Vox estima que la ley supone “la absoluta intromisión del Estado en esferas que debían quedar en el ámbito estrictamente personal”, porque sugiere que la negativa de los padres “a asumir acríticamente la visión de sus hijos sea considerada como un indicativo de riesgo para el menor”. La impugnación también se basa en la consideración de que “no corresponde determinar ni a profesores, ni a editores, ni a la Administración, sino a los padres (…) la incorporación de materiales sobre orientación sexual LGTBI en material escolar”.

El recurso considera también particularmente grave el contenido del artículo 44.3 de la ley, por cuanto “permite a cualquier persona solicitar un cambio registral de su sexo sin tener que acreditar nada al respecto, salvo su mera voluntad de hacerlo”. Vox estima que con ello se vulnera el principio de seguridad jurídica, con consecuencias como las de “un sorprendente incremento de peticiones de cambio de sexo registral, entre otros, en la población reclusa”. Hasta el momento, de forma oficial, consta una petición a la dirección de un centro penitenciario por parte de un recluso, en Asturias.

La impugnación también plantea que la ley trans aborda “multitud de situaciones” en que “puede producir perjuicios a las mujeres”. En conclusión, Vox considera que la nueva legislación infringe “el principio de seguridad jurídica y de legalidad penal, el derecho a la igualdad, la libertad de pensamiento o ideológica, la libertad de cátedra” y la libertad de expresión, “como garantía institucional de otros derechos”. Entre estos, cita “la libertad de empresa, los derechos de los padres, las familias y los centros educativos a la educación así como la especial protección que los niños y las madres tienen reconocida en la Constitución y en convenios internacionales de honda raigambre como la Convención de Derechos del Niño”. De ahí que lo que solicita al órgano de garantías es que declare inconstitucional la totalidad de la ley.

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