La Audiencia de Lugo dicta sentencia en el caso de la niña violada por su familia: tres años de prisión por seis de abusos continuados

Manuel F.R., su hermano menor Fernando F.R. y la esposa del primero, Silvia F.F., han sido condenados esta mañana por la Audiencia Provincial de Lugo a tres años de prisión y cinco de libertad vigilada por abusar sexualmente de forma continuada de la hermana pequeña de la acusada. La pena que reclamaba el ministerio público inicialmente era de 11 años para cada uno de los autores, además de siete de libertad vigilada, pero el castigo menguó drástica y polémicamente el martes de la semana pasada, gracias al acuerdo de conformidad al que llegaron los acusados con la Fiscalía y la acusación particular antes de que se celebrasen los tres días de juicio previstos. Los condenados, cuyos abogados pedían previamente la libre absolución, reconocieron en la Audiencia todos los delitos, que han conmocionado a los vecinos del pueblo lucense de Baleira (1.158 habitantes), donde sucedió todo sin que nadie se enterase. La víctima fue abusada y violada por Fernando y por Manuel, esposo de Silvia y cuñado de la niña. Todos convivían en la casa familiar de la aldea de Vilaselle. La cría padeció este calvario en silencio entre los “siete u ocho” y los 13 años, cuando, ya en 2015, quedó embarazada. En abril de 2016 dio a luz un bebé que la Xunta de Galicia acabó entregando en adopción.

Según recoge el fallo judicial, tras las pruebas de paternidad se concluyó que el recién nacido era hijo de Manuel, el propio cuñado de la niña, que se había sumado a los abusos con penetración de Fernando sobre la menor cuando esta ya tenía 11 años. La Audiencia detalla que el cuñado de la víctima empezó a abusar de la pequeña cuando su propia esposa, Silvia, se quedó embarazada también de él. Hasta la actualidad, el matrimonio ha seguido trabajando y llevando una vida normal en su pueblo, conviviendo con la madre de Silvia y con los dos vástagos de la pareja, una niña y un niño de muy corta edad. La mujer, además, trabajaba hasta la semana pasada como monitora en el autobús del colegio público de Baleira.

Según recogía el escrito de acusación y ahora plasma también la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Lugo, a cargo de los magistrados Edgar Amando Cloos, María Luisa Sandar y Ana Rosa Pérez Quintana, la víctima, con solo 13 años, “llevó adelante el embarazo en total soledad”. El fallo también especifica que los hechos sucedieron sin que los demás miembros de la familia se percatasen (en la casa habitaban también los padres de las dos hermanas) y que la pequeña dio a luz “sin apoyo familiar”. Las alarmas saltaron en el hospital, y la menor que llevaba media infancia siendo violada por los dos hombres jóvenes (nacidos en 1981 y 1990) de la familia dio al bebé en adopción. Ella misma pasó a ser entonces tutelada por el servicio de menores de la Xunta. Actualmente vive lejos de la localidad lucense donde padeció su infierno. El pueblo se manifestó en apoyo de la víctima y “contra la pederastia” el pasado sábado ante la casa consistorial de Baleira.

Los acusados, castigados por perpetrar los abusos a una víctima menor de 16 años y por instigarla a mantener esas relaciones (en el caso de la hermana), también han sido condenados a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima y a no comunicarse con ella por ninguna vía durante el plazo de seis años. El pacto sellado por la Fiscalía con los condenados y confirmado por la Audiencia de Lugo tiene en cuenta las dilaciones indebidas de un procedimiento que se inició en 2016 en el juzgado de A Fonsagrada y permaneció varado desde 2017. También el hecho de que los acusados hayan indemnizado con 50.000 euros a su víctima, que ahora tiene 21 años.

Siete años sin medidas cautelares

La Consellería de Política Social ha respondido a EL PAÍS que en este departamento de la Xunta que vela por los menores “no existe ningún tipo de comunicación por parte de ningún juzgado para la adopción de medidas cautelares de un caso que, parece ser, era desconocido hasta ahora que se hizo pública la sentencia”. Advierte de que se trata de “un caso muy complejo” en el que se debe “velar por la privacidad, el honor, la intimidad y los intereses de una mujer víctima de violencia infantil”. La Administración “no puede dar datos concretos de ninguno de los 2.500 expedientes de protección” que tiene, recuerda la consellería cuando se le pregunta por la no detección del caso durante años o por la situación futura de los hijos de la pareja pendiente de ingreso en prisión. Al hilo de esto, desde Política Social insisten en que la Xunta tiene un Teléfono de la Infancia, el 116111, anónimo y gratuito, para que “cualquier persona, si es conocedora de una situación de violencia a un menor, pueda denunciar las 24 horas del día”.

Sobre el hecho de que la mujer condenada trabajase como monitora de las rutas escolares públicas, el Gobierno gallego desvía la responsabilidad a las empresdas adjudicatarias de las líneas. Son estas compañías de transportes las que contratan a su personal y las “responsables de solicitar el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual”.