El Gobierno solicita a la Fiscalía que paralice el Toro de la Vega

Aunque está prohibido dar muerte al animal, el Ejecutivo considera que su celebración podría derivar en un delito de maltrato

Celebración del Toro de la Vega de Tordesillas del año 2018.
Celebración del Toro de la Vega de Tordesillas del año 2018.R.GARCÍA (EFE)

El Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado a la Fiscalía que adopte medidas para que se paralice la celebración del festejo taurino Toro de la Vega, programado para el próximo día 13 en el municipio de Tordesillas (Valladolid), al entender que, según sus nuevas bases reguladoras, podría derivar en un delito de maltrato animal. El Tribunal Supremo ratificó en 2019 la medida adoptada por la Junta de Castilla y León, que prohibía la muerte alanceado en público del morlaco, tal y como se ha realizado históricamente en el municipio salvo una fase de cuatro años durante la dictadura franquista. Las nuevas reglas niegan que al astado se lo alancee, pero sí incluye que le claven unos punzones o arponcillos.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, han solicitado ante la Fiscalía de Medio Ambiente que se paralice este festejo controvertido que en los dos últimos años no se ha celebrado por el coronavirus. La Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que comanda la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, reclama a la Fiscalía medidas cautelares para la no autorización de torneo programado para el próximo martes, 13 de septiembre. El porqué radica en que, según su posición, las nuevas bases contravienen la normativa autonómica de Castilla y León, acordada en 2016 y ante la que Tordesillas recurrió hasta que el Supremo sentenció la imposibilidad de dar muerte al animal de esta manera.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha censurado la denuncia de Asuntos Sociales ante la Fiscalía y ha catalogado estos festejos de “tradiciones culturales”. El decreto ley de Castilla y León que acabó con la muerte del Toro de la Vega se ejecutó con un Gobierno del PP en solitario, el de Juan Vicente Herrera, que posteriormente avaló el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y a la postre el Supremo pese a los recursos de Tordesillas contra esta medida.

El toro elegido para recorrer los pinares cercanos al río Duero perseguido por caballistas y entre miles de curiosos, de nombre Manjar y de 560 kilos, aguarda mientras el torneo va acumulando dimensión política. El presidente del partido animalista Pacma, Javier Luna, afirma en conversación con EL PAÍS que aunque su formación ha recibido la negativa a manifestarse en la localidad vallisoletana contra el Toro de la Vega, sí esperan que “activistas a título particular” acudan al municipio para mostrar su rechazo a esta tradición medieval. En 2015 la polémica se agravó porque varios de ellos se encadenaron a señales de tráfico para intentar impedir que se soltara al toro, que entonces sí moría en los pinares, y denunciaron que el operativo de seguridad había liberado a la res poniendo gravemente en riesgo a esas personas, a quienes vecinos de Tordesillas también se enfrentaron y se vivieron momentos de tensión y disputa.

Vox, que hasta agosto gobernaba en coalición con el PP en el Ayuntamiento local y que ahora apoya habitualmente desde fuera, solicitó hace unos días que se revocara la nueva norma para que se pudiese matar al astado. El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira (PP), tildó el movimiento como “fuera de lugar”. El decreto ley aprobado en 2016 por la Junta de Castilla y León, entonces gobernada por el PP en solitario, recoge que “se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales” y solo consiente “aquellos festejos en los que se utilicen reses de lidia para el ocio y recreo de los ciudadanos deberán ser considerados, encierros, vaquillas, capeas, probadillas o concursos de cortes”.

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Este decreto muestra un matiz en el que se amparan Verstrynge y García Torres para sustentar la petición ante el ministerio público, pues el artículo 19 destaca la prohibición de “herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”, como creen que ocurre en Tordesillas incluso con la nueva orden. Esta reduce el número de concursantes a 50 y los lanceros pueden colocar hasta siete divisas mediante punzones y una especie de arpones que impiden que la sangre del animal brote hacia el exterior. Una vez termine el torneo, sea cual sea el resultado, el toro termina en un matadero.

El presidente del Patronato del Toro de la Vega, Enrique Carnero, ha mostrado su enfado ante la decisión política. “¿Cómo el Gobierno se pone a prohibir, por gustos de una parte del Gobierno, una cultura?”, ha cuestionado el vallisoletano, que ha insistido en que la tauromaquia “guste o no guste es patrimonio cultural de España, en vez de potenciarlo lo prohíben en esta cultura de la cancelación”. Carnero reclama un “sentido común que no existe” para impedir que prospere esta medida que cree “brutal”. Según el dirigente del patronato, el Toro de la Vega es un “festejo taurino tradicional” y no “festejo taurino popular”, y por eso debería obtener “ciertas excepciones” sobre una norma que considera que se elaboró específicamente contra este campeonato, porque en Castilla y León era el único que se adaptaba a las bases que recoge el decreto de 2016.

Sobre la firma

Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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