El Gobierno hará cursos anuales para formar a todos los agentes de seguridad del Estado en violencia machista

Suele ser el primer contacto de una víctima de violencia machista que se atreve a denunciar. Entra en la comisaría o el cuartel y un agente le toma los datos y escucha su relato. De lo que le diga, o cómo se lo diga, puede depender que siga adelante o renuncie en un asunto ―la violencia de género― en el que las estadísticas señalan que hasta el 80% de las mujeres nunca denuncian a su maltratador. El Consejo de Ministros aprueba este martes un plan de medidas urgentes que incluye un curso “reglado, certificado y obligatorio” para todos los agentes de los cuerpos policiales, con especial atención a las unidades de seguridad ciudadana. Son cursos anuales que se plantean como una formación continua y con “perspectiva de género”, según explican fuentes de la negociación, aunque están por definir los detalles.

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También se ha previsto la formación para todo el personal de Justicia más allá de los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, con especial atención a los órganos con competencias en materia de Familia. Igualdad ha cerrado un catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, tras el repunte de asesinatos que hubo en mayo que encendieron la “alarma feminista”, en palabras de la ministra Irene Montero. Este catálogo, adelantado el domingo por EL PAÍS, que tiene 15 medidas que se van a ir ampliando a partir de septiembre, ha sido consensuado con otros cuatro ministerios (Justicia, Interior, Sanidad y Derechos Sociales).

El diagnóstico incluye la creación de una ventanilla única para que las víctimas puedan hacer todos los trámites, favorecer la detección de casos a través de los centros de salud, más formación en todo tipo de juzgados y la promoción de programas de rehabilitación de agresores, campañas para concienciar a los allegados para que denuncien o planes para proteger más y mejor a los menores. 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2021. Son 1.106 mujeres menos desde que empezó la contabilidad oficial en 2003 y 40 niños asesinados desde 2013.

La formación reglada y anual de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido uno de los últimos puntos añadidos al catálogo, que los ministerios han seguido negociando hasta el último minuto. En España hay cerca de 80.000 guardias civiles y más de 66.000 policías nacionales, según datos de organizaciones de ambos cuerpos.

“Me parece fenomenal que nos formen, somos quienes estamos en los cuartelillos de los pueblos, los que primero contactamos con la víctima”, explica Alicia Sánchez, secretaria de Mujer de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En este cuerpo hay 31.500 agentes que, como ella, se encargan de la seguridad ciudadana en los cuarteles. Sánchez, con casi 30 años de carrera, nunca ha recibido formación reglada sobre este tema pese a que desde la organización lo han reclamado en diversas ocasiones a Interior. “Aprendí por mi cuenta y en mi tiempo libre porque me interesaba”, explica al teléfono. “A quien le causa el perjuicio la falta de formación es a la víctima. Esto no es como un robo, si no estás formado, puedes hacer más daño que solucionar”.

“Aún no conocemos los detalles, pero la realidad es que sí hace falta mucha formación”, añade Marisa Estévez, responsable de Mujer del SUP (Sindicato Unificado de Policía). “Tanto la gente de la UFAM [Unidades de Atención a la Familia y Mujer, el personal especializado] como los agentes de la calle no tienen formación para atenderlas psicológicamente, aunque reciben consultas de todo tipo. Espero que en esos cursos sí se dé esta formación”. Estévez añade que para cumplir el plan y dar una atención personalizada a las víctimas “hacen falta más efectivos”. La mayoría de las provincias han perdido agentes o tienen los mismos que hace una década para luchar contra la violencia machista.

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Sin plazo ni presupuesto concreto

Los compromisos del plan de medidas urgentes están condicionados a “las disponibilidades presupuestarias existentes”, según el documento del acuerdo. Tampoco se han comprometido plazos concretos para ejecutarlas, más allá del carácter “urgente” que señala el texto.

“El movimiento feminista siempre ha exigido que las medidas vayan acompañadas de presupuesto”,, reconocía el lunes la ministra Irene Montero durante una entrevista conjunta con la ministra encargada de Igualdad de Género de Francia, Èlisabeth Moreno. “Fue una de las razones de que una parte muy significativa del movimiento feminista pedía la abstención al pacto de Estado contra la violencia de género [en el que su partido se abstuvo]”, añadió la ministra. Preguntada sobre por qué no hay un presupuesto específico ni un plazo concreto en este caso, Montero señaló que “la implementación tiene que hacerse desde ya, el plazo es ahora”. “Existe un compromiso de ponerlo en marcha y de la importancia clave que tiene para ser capaces de evitar que se sigan produciendo asesinatos machistas”, según la ministra, que admite que algunas de las medidas urgentes incluidas en el plan ya estaban previstas en propuestas anteriores, como el Pacto de Estado, pero no se habían puesto en marcha: “Hay medidas que ya llevamos muchos años sabiendo que serían eficaces y que todavía no han sido aplicadas”.