Más parecidas a hogares y menos a hospitales: cómo mejorar las residencias de mayores en España

El modelo de residencias de mayores en España no siempre ha funcionado como ahora. Ha ido cambiando en las últimas décadas. “Hace años había asilos que se llamaban ‘para abuelos desamparados’, después pasamos a las macrorresidencias de 500 plazas de la época del desarrollismo. En los ochenta había residencias tipo hotel con encanto y ahora hemos ido hacia grandes centros que parecen hospitalarios”, resume Gustavo García, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este colectivo de expertos en la materia propone un nuevo sistema que sustituya al actual. La característica principal de este modelo es que favorece que los mayores puedan vivir en sus casas más tiempo, que parte de la atención que reciben en las residencias se pueda trasladar a sus hogares. Y una vez que el traslado a una residencia resulte inevitable, que los centros sean más parecidos al lugar donde vivían.

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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere que “no sea la persona quien se tenga que adaptar a la vida colectiva en una institución, sino que sea el centro o el servicio el que se adapte a las expectativas de cada persona”, según indica en el informe Un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia: residencia su casa, que ha presentado este lunes. Este colectivo considera que el modelo actual es “excesivamente institucionalizador, masificado y con poco margen para el desarrollo del proyecto vital que cada persona decida”. Los datos oficiales del Imserso, que son previos a la pandemia, señalaban que había 389.000 plazas en residencias de mayores. “Son demasiadas. Hay una parte de los residentes [cuya cifra total se desconoce] que podrían seguir en sus casas si se les atendiese convenientemente”, añade García, coautor del documento. Esta propuesta llega tras el desastre que vivieron las residencias durante la pandemia: hasta junio de 2020 fallecieron 19.861 personas, una debacle que ha azuzado el debate sobre este sistema.

Este grupo de expertos pide que haya más “flexibilidad” y “compatibilidad” entre los recursos dedicados a los mayores (ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día o residencias). “Ahora si te conceden la ayuda a domicilio, tienes que estar en tu casa. Y si cuentas con plaza en una residencia, normalmente, solo puede ser eso. Se puede combinar, pero es difícil y cuesta mucho cambiar de recurso en función de tus necesidades”, continúa García. ¿Y cómo puede ayudar una residencia a las personas que no estén internas? “Ampliando y complementando los servicios domiciliarios”, explica el documento. “Deberían ofrecer servicios a personas que viven cerca, como estancias diurnas, comedores y servicios de rehabilitación con instalaciones específicas y profesionales. Pero también puede ser un centro de servicios a domicilio, desplazando a él a sus profesionales (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales…), o llevando servicios materiales de comida o lavandería a domicilio o transporte adaptado”.

Para que esta idea sea posible, las residencias deberían emplazarse en lugares accesibles y no en polígonos, como es el caso de muchos centros. Tanto si las personas pueden compatibilizar la ayuda a domicilio con la residencia como si su situación exige que sean ingresadas, “tienen todo el derecho a seguir disfrutando de la vecindad, en el entorno donde tienen sus referencias. Resulta cruel que tengan que desarraigarse y perder sus referencias en su edad más adulta”, indica el informe.

En opinión de García, vamos a un modelo cada vez más “hospitalario”, en vez de “residencial”: “Hay empresas que han visto un hueco en la pandemia para ir a un modelo centrado en los cuidados médicos”. Esta asociación denuncia que muchos residentes mayores pagan por duplicado la sanidad: a la seguridad social y a la residencia en la que se alojan. “No decimos que no haya enfermeras para administrar medicación o fisioterapeutas, pero la mayor parte de la prestación la tiene que prestar la sanidad pública a la que tienen derecho. Esos profesionales se pueden desplazar a las residencias cuando sea necesario, como lo hacen con los domicilios”. García insiste en que “las residencias no pueden ser centros médicos”. “Nadie quiere vivir en un hospital. Frente a eso, nosotros proponemos que las personas mayores no vivan en centros repletos de médicos y con personal en bata, sino en lugares donde desarrollar sus vidas con dignidad”, comenta.

Cuando habla de dignidad se refiere, por ejemplo, a que el ocio no se reduzca a actividades infantiles repetitivas como rellenar fichas de colores, sino que puedan desarrollar sus aficiones como adultos. Otro aspecto clave en esta línea en la propuesta de la asociación son los núcleos de convivencia: la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales plantea que los mayores vivan en espacios similares a viviendas, con habitaciones individuales (reclaman al menos un 75% de habitaciones de este tipo) y espacios comunes, en grupos de, como máximo, 15 personas. “Son las personas residentes quienes se tienen que apropiar y ordenar el espacio de sus unidades de convivencia. Su mobiliario y decoración tienen que responder a características hogareñas (por ejemplo, que los residentes puedan llevar sus propios muebles). La adscripción a cada unidad tiene que ser, en lo posible, de carácter voluntario, por afinidad. No se debe estructurar por grados de dependencia o por el nivel de deterioro o comportamiento. Sería inhumano”, continúa la propuesta de la asociación. Otras ideas para que las residencias sean más hogareñas son eliminar restricciones horarias injustificadas, permitir que los residentes puedan cocinar para sí mismos en esos núcleos de convivencia (con cocina propia) o “democratizar” el acceso a las cocinas de la residencia, facilitar las visitas de familiares y que los usuarios puedan cocinar para ellos, que incluso un familiar de visita se pueda alojar en el centro temporalmente...

Reforzar las plantillas

Para poder desarrollar esta propuesta, sería necesario un mayor gasto público en residencias. La asociación no quiere cuantificarlo para “no condicionar el debate político sobre el tema”, pero sí advierte de que habría que hacer un esfuerzo. Para empezar, habría que ampliar las plantillas, pasando de la ratio acordada en 2008 (0,47 trabajadores por residente) a 0,5 por usuario, con el objetivo de llegar a 0,6 en cinco años. Algunas comunidades ya se acercan a este objetivo, ya que sus normativas propias fijan una ratio de 0,55.

La asociación también pide una mejora de salarios de los empleados. Los perfiles que habría que reforzar en este nuevo modelo son los del personal auxiliar de enfermería y, especialmente, el de los gerocultores (los trabajadores que siguen el día a día de la residencia). “En el sector de cuidados, la estabilidad laboral es algo más que un derecho laboral, es un requisito de calidad en la atención, por la importancia de los vínculos que se establecen entre trabajadores y residentes. Una excesiva rotación, sin causa justificada, podría considerarse una forma de maltrato institucional”, añade la propuesta.

Además, la asociación también plantea la reducción del uso de sujeciones, desarrollar un registro de personas condenadas por abuso de personas mayores para evitar que trabajen en los centros o flexibilizar el requisito de edad para ser persona usuaria de un centro residencial (de manera que familiares con discapacidad u otras necesidades también puedan acceder a los núcleos de convivencia).

¿Es posible?

¿Es posible la transición a este modelo? “Son grandes cambios y van a ser difíciles, pero se pueden hacer”, contesta García. Destaca que muchas de estas ideas ya se están aplicando en centros de toda España “y están funcionando”. Este experto cree que el Gobierno y las comunidades autónomas, de las que depende principalmente el desarrollo final de la propuesta, les harán caso. “No en todo. No espero que las 17 autonomías y el Imserso asuman todas las ideas, pero creo que vamos a marcar dirección. Muchas de estas medidas ya están en marcha. Las nuevas generaciones de mayores vamos en esa dirección: no nos conformamos con horarios de colegio, pedimos otra cosa. Queremos ser más autónomos”, dice. Este lunes por la tarde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se reúne con el Imserso para explicarle esta propuesta.

El objetivo final, y de momento “utópico”, del nuevo planteamiento sería que “todos los mayores” puedan vivir en sus domicilios. “Quizás, en un futuro no muy lejano, cuando se hable de un nuevo modelo residencial, ya no se hable de centros sino de servicios en el propio domicilio. Sería el desenlace lógico de esta trayectoria que va desde modelos institucionalizadores (asistenciales, hospitalarios, masificados…) hacia centros de carácter hogareño y de atención personalizada”, finaliza la propuesta.

García cree que el debate sobre el nuevo modelo residencial se dará “pronto”. Hay algunos obstáculos para su aplicación que se aprecian en un vistazo a los datos que recoge la asociación: solo el 4,3% de los mayores de 65 años cuentan con una plaza en una residencia en España y el porcentaje se reduce al 2,68% entre plazas públicas, faltan 70.000 plazas en residencias para alcanzar el mínimo que marca la Organización Mundial de la Salud y solo en cinco autonomías se alcanza la ratio de cinco plazas en residencias por cada 100 mayores de 65 años —Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León—. Y todo ello en un país cada día más envejecido: “Los recursos para los mayores no evolucionan al mismo ritmo que envejece la pirámide demográfica”, explica García.

A finales de abril, el Gobierno aprobó medidas en la dirección que apunta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, se dio luz verde a una inversión de 730,8 millones de los fondos europeos a repartir entre las comunidades para impulsar un nuevo sistema de cuidados. La mayor parte de estos fondos tienen por objetivo, según explicó el Ejecutivo, “atender prioritariamente a las personas mayores o dependientes en sus domicilios, y, cuando eso ya no sea posible, prestar esa atención en residencias más pequeñas y con personal más estable”. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dijo entonces que el modelo residencial actual “no está atendiendo adecuadamente ni a las necesidades de personas mayores y dependientes y tampoco a sus deseos”, ya que la mayoría prefiere ser atendida en sus casas mientras sea posible.