Un grupo de feministas ocupan cinco horas la Delegación del Gobierno en Valencia en protesta por las multas del 8-M

Un grupo de 20 jóvenes han entrado cerca de las once de la mañana de este viernes en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, saltándose los controles, y se ha concentrado en el patio para exigir “la retirada de la ley mordaza”, así como de todos los procedimientos sancionadores impuestos por la huelga feminista de 2018, algunos de ellos, aseguran, recibidos recientemente. Varias personas han comenzado a concentrarse fuera del palacio del Temple, sede del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, para apoyar la reivindicación.

La Assemblea Feminista de València ha colgado en redes sociales un mensaje sobre los motivos de la ocupación: “Ocupamos la Delegación de Gobierno y pedimos la derogación de la ley mordaza en su totalidad, no la modificación; el archivo de todos los procedimientos administrativos contra el movimiento feminista; el reconocimiento público donde conste que las personas más afectadas por la citada ley han sido las esenciales; y el reconocimiento de las cargas y abusos policiales a las movilizaciones por la libertad de expresión”. Todas estas peticiones se han plasmado en una Carta de Compromiso Institucional firmada por el colectivo Feministes i Antiracistes sense mordassa, con la que pretenden conseguir el compromiso de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, con quien reclaman reunirse.

La portavoz de la Assemblea Feminista, Irene Esteban, ha asegurado a Efe que no se moverán del edificio hasta que haya un diálogo con Calero y el reconocimiento que piden. Esteban ha señalado que se trata de una acción “totalmente pacífica” y que si hay violencia no será su responsabilidad: “Estamos sentadas y cantando”. También ha indicado que no es la primera vez que hacen acciones de este tipo, ya que hace dos años también ocuparon la sede de la Delegación del Gobierno cuanto estaba en la calle Colón.

La delegada del Gobierno ha mostrado su disposición a reunirse con tres o cuatro representantes del colectivo pero al negarse éstas, ha bajado al patio junto al subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, para hablar con ellas. Después de escucharlas, les ha dicho que no tenía competencias para derogar la ley mordaza ni quitarles las multas pero que podía trasladar el documento con sus reivindicaciones al Ministerio del Interior y al de Política Territorial.

Posteriormente, las mujeres han abandonado el edificio de forma pacífica y sin la intervención policial, y en el exterior han sido recibidas por decenas de personas.

La Audiencia de Valencia ha condenado recientemente al pago de 800 euros a varias feministas, acusadas de participar en incidentes ocurridos entre la policía y los piquetes de manifestantes durante las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019. Aquellas huelgas feministas se saldaron con 20 multas por faltas de orden público, sanciones que ascendían a unos 11.000 euros y que fueron recurridas en vía judicial tras agotarse la vía administrativa; la Audiencia celebró tres juicios para estudiar esos recursos, y mientras que el primero se saldó con absoluciones, los otros dos han acabado en condena.