Oltra prevé acabar con la lista de espera de la Dependencia a principios de 2022

La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado este jueves que por primera vez desde la aprobación de la ley de Dependencia se ha superado la cifra de 100.000 personas atendidas y ha confiado en acabar en 13 meses con la lista de espera, que a 4 de enero es de 21.790 personas.

Oltra, durante la presentación del balance de gestión del sistema de la dependencia de los últimos cinco años, ha resaltado que en estos momentos hay 103.326 personas atendidas a través de algún servicio o prestación económica y 219 municipios de la Comunidad Valenciana, el 40%, ya resuelven los expedientes dentro del plazo de seis meses que establece la ley.

Al respecto, ha destacado que solo queda un tercio de la lista de espera que se encontraron al llegar al Gobierno en 2015, que ascendía a 46.496 con casos de personas que llevaban ocho años aguardando, por lo que confían en que si se mantiene el ritmo actual de resolución en 13 meses se conseguirá el objetivo de alcanzar una espera estructural de 3.000-4.000 porque “siempre hay expedientes que se atascan por algún problema en los documentos”.

Calculan que ese punto de equilibrio se conseguirá cuando se alcancen los 144.4000 beneficiarios, una cifra en la que los usuarios que entran y salen del sistema es “estable” y “los factores de subida serían muy paulatinos marcados solo por el envejecimiento poblacional”.

No obstante, ha señalado que en 2020 han bajado las solicitudes por la pandemia, por lo que prevén que las acumuladas que no se han pedido provocarán “un pequeño repunte” este año, que se resolverá gracias a que cada vez hay más municipios que tramitan en el plazo legal.

Asímismo, ha destacado que si al acceder al Gobierno la media de espera era de cuatro años y seis meses ahora se ha reducido a 13 meses gracias al plan de choque implantado para absorber “el tapón” que se encontraron y a pesar de que las solicitudes se han multiplicado por cuatro —”138.986 desde julio de 2015— porque ahora la ciudadanía confía en el sistema”.

De este modo, si inicialmente el cálculo era resolver 1.225 expedientes mensuales para acabar con la lista de espera ahora se están dando salida al doble, 2.400, por este incremento de solicitudes. Aún así, ha bajado un 53% la lista de espera.

Además, ha destacado que para hacer frente a la pandemia “se reforzarán las plantillas con la incorporación de 369 profesionales desde el próximo mes de febrero y hasta septiembre”, que se distribuirán entre centros residenciales de personas mayores, con diversidad funcional e infancia y adolescencia.

El presupuesto de la consejería para 2021 contempla una partida para mejorar las ratios de las residencias públicas de personas mayores con la contratación de 130 personas de atención directa.

Oltra también ha resaltado que hay 802 personas valoradoras frente a las 17 que había hace cinco años, lo que ha permitido pasar de 8.623 valoraciones en todo el año 2014 a las 33.501 realizadas durante 2020, una cifra que sube hasta las 39.318 si se tienen en cuenta las revisiones de grado.

Del mismo modo, se han subido a máximos las prestaciones económicas, los pagos mensuales que se realizan no solo por las nóminas sino también los correspondientes al pago de la retroactividad, que se paga de una sola vez, y a herederos se abonan durante los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Gestión durante la pandemia

Al respecto, ha destacado que la pandemia “ha tenido un impacto en el sistema pero no lo ha parado”. Así, gracias al teletrabajo, durante el estado de alarma se superó en 7.399 los expedientes resueltos en marzo, abril y mayo respecto al año anterior hasta los 6.955 expedientes.

Asimismo, ha asegurado que, con un presupuesto que crece un 6% este año, se va a continuar trabajando “para asumir nuevos retos”, como la desinstitucionalización de las personas y para profundizar en una atención domiciliaria “integral, multidisciplinar, comunitaria y moderna” a través de los programas CuideM, Menjar a casa y Major a casa, que para este año cuentan con un presupuesto de 31,8 millones de euros, un 46% más que en 2020, y un nuevo plan de infraestructuras para poner en marcha nuevas plazas.

Y todo ello a pesar, ha reprochado, de “la escasa” aportación por parte del gobierno central, “muy lejos del 50% que establece la ley” ya que el Consell aportó 798,7 millones frente a los 109,1 del Gobierno de España.