Ahora explícaselo a ‘The Lancet’

Que la Comunidad de Madrid ha fallado en la desescalada, en rastreos y refuerzos médicos es un hecho ya probado que pasará a los anales de esta pandemia como una de las mayores negligencias contempladas. Que ahora intenta torpedear el mismo acuerdo que el martes alcanzó su propio equipo, una calamidad incomprensible. Nos habla de un Gobierno regional dividido, caótico, contradictorio, que demasiadas veces ha superpuesto promesas y pronunciamientos que luego ha desmentido sin sonrojo. Nada de eso disculpa la tardanza del Gobierno en hacer lo que venía negando durante meses: tomar mayor protagonismo en el control de una gestión nefasta. Esa actitud es necesaria y, aunque se enfrente a nuevos reveses, no debería someterse a una marcha atrás.

Tras el fin del estado de alarma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pasó de un control exhaustivo de los cambios de fase a una cesión del mando correspondiente a nuestro Estado autonómico. Lo que faltó, como ahora queda en evidencia, es comprobar que esos compromisos de refuerzo de la sanidad y rastreadores se habían materializado. Algunas comunidades lo hicieron, pero la de Madrid no. Y esa confianza en la gestión autonómica fue, en el mejor de los casos, ingenua; en el peor, una retirada marcada por el cálculo político; y en todo caso, excesiva.

El Gobierno debería haber sido más exigente y haber fijado criterios claros desde el principio. Alemania toma medidas en zonas que superen los 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Harvard recomienda hacerlo a partir de 350. El Ejecutivo lo intenta fijar en 500. Pero se debió hacer mucho antes de llegar a las actuales tasas de contagio, que podían haberse evitado. Durante este tiempo, desde junio, el Gobierno ha argumentado que no tenía instrumentos jurídicos para influir en una gestión sanitaria que es competencia autonómica. Solo en los últimos días comenzó a evaluar o divulgar mecanismos jurídicos que le permitieran actuar: desde el decreto de nueva normalidad a la Ley de Salud Pública.

Pero hay un instrumento que, sin ser jurídico, suele ser poderoso: y es la política y esta también ha llegado tarde. El Gobierno pudo haber hablado mucho antes, haber señalado el ascenso vertiginoso de los malos indicadores, la falta de rastreadores y de dotación médica y haber afeado esa realidad. Pudo haber impuesto y exigido compromisos como ha hecho estos días. El ministro Illa —por otra parte un campeón de las buenas maneras, tan necesarias en el panorama actual— solo ha apretado el botón nuclear de la política en los últimos días. Y ocurre a la vez que The Lancet afeara a España una desescalada precipitada con numerosos fallos.

Según escribieron los expertos en esta revista científica, ha fallado el “sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo” antes de levantar el confinamiento, ha fallado la dotación del sistema sanitario, las medidas de control fronterizo y la ausencia de umbrales claros en los indicadores necesarios para tomar decisiones.

A los ciudadanos, el Gobierno nos ha intentado explicar que la competencia es autonómica (aunque el control fronterizo o la fijación de umbrales nacionales no lo son). Ahora expliquen lo ocurrido a The Lancet. Expliquen al mundo que el Gobierno de la nación está inerme ante una comunidad que no cumple y verán que, como nosotros, tampoco lo entenderán. El acuerdo de ayer intentaba suplir las carencias. Ojalá no sea demasiado tarde. Y si Madrid insiste en no cumplir, a ver quién se lo explica a The Lancet.