La Amazonia registra en junio el mayor número de focos de incendio de los últimos 13 años

Solo en el pasado mes de junio, la Amazonia brasileña registró 2.248 focos activos de incendio, según datos del Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE) divulgados este miércoles. La cifra indica que la cantidad de incendios ha repuntado un 19,6% en comparación con junio de 2019, cuando la institución registró 1.880 focos. También significa que, por primera vez desde 2007, el sexto mes del año supera la marca de los 2.000 siniestros. En 2007, el INPE registró 3.519 focos de incendio.

Durante el periodo de enero a junio, el INPE detectó un total de 7.903 focos de incendio en la selva amazónica, mientras que para el mismo periodo del año pasado fueron 10.606. Así pues, hasta la fecha, se ha producido un descenso del 25,5% en relación con 2019. Los datos de junio son alarmantes porque señalan un posible empeoramiento de la situación.

Al considerar el área de la Amazonia Legal —compuesta por la totalidad de los Estados brasileños de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, y parte de Maranhão—, este junio se registraron 4.596 focos de incendio. Durante el mismo mes del año pasado, cuando ya se habían alcanzado cifras superiores a las de los años anteriores, fueron 4.838 focos (un 5% menos que ahora).

Junio marca el arranque de la temporada de sequía en la Amazonia, periodo que se extiende hasta octubre y que habitualmente registra un mayor aumento en el número de quemas. La mirada de los científicos y ambientalistas está puestas en el bioma debido a la presión del grilagem, término con el que se denomina a las apropiaciones ilegales de tierras públicas. Las quemas ilegales han aumentado los últimos años y afectan principalmente a las áreas de reservas ambientales e indígenas. Tras la deforestación y la retirada de madera valiosa, el fuego sirve para limpiar las áreas boscosas y para la ocupación ilegal de territorio protegido.

De acuerdo con una nota técnica del Instituto de Estudios Ambientales de la Amazonia (IPAM), publicada a principios de junio, la Amazonia posee un área de al menos 4.500 kilómetros cuadrados lista para ser quemada, el equivalente a tres ciudades del tamaño de São Paulo. Este número es el resultado de la suma del territorio destruido el año pasado y en los primeros cuatro meses de 2020. El IPAM también advierte de que “la estación seca que comienza en junio puede quemar esa vegetación del suelo por la intensidad de la temporada de incendios, tal como pasó en 2019″.

La entidad destaca que el ritmo acelerado de la deforestación puede llegar a destruir 9.000 kilómetros cuadrados de bosques en los próximos meses, según los cálculos de sus científicos. Todo ese territorio podría quedar reducido a cenizas durante la temporada más seca en la zona. El IPAM también afirma que el número de hospitalizaciones por problemas respiratorios “puede aumentar significativamente, presionando aún más el sistema sanitario de la región, que ya está duramente afectado por la covid-19″.

La llegada de Jair Bolsonaro al poder supuso un reto aún mayor para la lucha contra los incendios ilegales en la selva amazónica. Algunos especialistas creen que la retórica permisiva de Bolsonaro viene estimulando el grilagem y la minería ilegal en la región. El año pasado, el número de focos aumentó un 30% con respecto a 2018. El auge de la crisis se produjo en agosto, cuando se registraron 30.901 focos de incendio, la cifra más alta desde 2006. Varios exministros de Medio Ambiente acusaron a Bolsonaro y al actual titular de la cartera, Ricardo Salles, de “desmontar” la política ambiental brasileña. Durante la crisis, Brasil pasó a ser presionado por líderes y entidades internacionales, incluyendo al presidente francés, Emmanuel Macron.

Bolsonaro intentó aplacar la presión internacional colocando al vicepresidente Hamilton Mourão en la coordinación del Consejo de la Amazonia y desplegando al Ejército para ayudar en la vigilancia de los bosques. Aun así, los inversores empezaron a alejarse del país, y fuentes diplomáticas europeas consultadas por EL PAÍS aseguraron recientemente que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea corre el riesgo de no concretarse.