La pandemia amenaza con hundir a casi 11 millones de mexicanos en la pobreza extrema

El coronavirus amenaza con borrar de un plumazo los avances en reducción de pobreza de la última década en México. Entre seis y casi 11 millones de personas corren el riesgo de no poder cubrir el gasto de los alimentos básicos, según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado este lunes. La caída del PIB dejará un trazo de miseria y golpeará duramente a una capa de la sociedad mal cubierta por los programas sociales del Gobierno mexicano. Para evitarlo, el organismo público de carácter autónomo reclama aumentar el gasto social hasta el 1,2% del PIB.

El frenazo, el mayor entre las grandes economías latinoamericanas según las previsiones del FMI, azota al país tras una década de modesta disminución de la pobreza. En medio de un prolongado estancamiento económico, entre 2008 y 2018 México redujo en 2,5% el número de personas en condiciones de privación. Pasaron de representar el 44,4% de la población al 41,9%. La pobreza extrema también vio una disminución del 3,6%, es decir, tres millones de personas menos. Ahora, el coronavirus puede devolver al país a la casilla de salida.

El Coneval prevé un incremento del número de personas en pobreza extrema por ingreso de entre el 4,9% y el 8,5%, en base a un retroceso del PIB proyectado en 5% para 2020. La población bajo esa línea del bienestar puede pasar de 21 millones de personas en 2018, el 16,8% del total, a 31,7 millones, el 25,3%, en el peor escenario. La estimación se basa en la experiencia de la recesión de 2009, aunque el impacto será mayor esta vez. El investigador y coautor del informe Guillermo Cejudo considera las proyecciones “una señal de alarma”. “La pandemia nos toma mal parados. La cobertura de la protección social y de salud ya eran bajas antes de la crisis, pese a las mejoras en la última década”, afirma.

El bache pone de relieve las lagunas de la política social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha hecho del “primero los pobres” uno de sus lemas favoritos y ha puesto en marcha nuevos programas para atender a sectores específicos de la población. El campesinado se beneficia de subsidios a cambio de la siembra de árboles y los adultos mayores, de la ampliación e incremento en el monto de las pensiones.

Pero el Coneval afirma que ninguno de los 19 programas prioritarios “se dirige explícitamente” a aquellos que más pueden sufrir la crisis: la población en edad de trabajar en las zonas urbanas. “Varios componentes importantes de la política social, por buenas razones, han tenido como destino la pobreza rural. Sin embargo, es justo la urbana la que va a tener un mayor golpe por el tipo de empleo y los efectos más fuertes de contagio en esas zonas”, explica Guillermo Cejudo.

México no cuenta con seguro por desempleo y el Gobierno no ha anunciado acciones dirigidas a aquellos que se han quedado sin trabajo como consecuencia de la pandemia - entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346.800 empleos formales, más que los creados en todo 2019, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-. Y, si bien el Ejecutivo ha puesto en marcha un programa de microcréditos para las pequeñas empresas, el informe señala que hay una “falta de política públicas” para atender a la población con ingreso medio. El Coneval recomienda ir más allá de los créditos y plantea subsidiar la cuotas que los patrones pagan a la seguridad social por sus trabajadores. Por ahora, López Obrador se ha negado a contemplar cualquier diferimiento o reducción de impuestos a las empresas por considerar esas medidas “rescates al estilo neoliberal”.

En este marco, el organismo recomienda un aumento sustancial de los recursos para hacer frente a la crisis. Para atender a las casi nueve millones de personas que no fueron cubiertas por los programas pese a su elegibilidad, el Gobierno necesitaría aumentar el presupuesto en 137.288 millones de pesos, unos 5.700 millones de dólares, hasta alcanzar un gasto total equivalente al 1,2% del PIB. Esta recomendación puede chocar con la cuestionada política de austeridad de López Obrador, quien se ha negado a pedir préstamos a instancias internacionales y ha preferido pasar la tijera a los salarios de funcionarios y al gasto operativo. El FMI estima en menos del 1% del PIB la respuesta fiscal del Ejecutivo a la crisis, una de las más débiles de la región.

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