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Dimite el presidente de los médicos de Melilla, investigado por la muerte de una paciente

La vicepresidenta del Colegio sustituirá a Mohamed Benazzouz, implicado en un fallecimiento por reacción alérgica al hacer un TAC

Imagen sin datar de Francisca Gutiérrez facilitada por la familia.
Oriol Güell

El presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Mohamed Benazzouz, ha presentado la dimisión del cargo por "motivos estrictamente personales", según un comunicado hecho público esta mañana por la entidad. El anuncio llega solo tres días después de que EL PAÍS revelara que Benazzouz, que asumió el cargo hace apenas seis semanas, estaba siendo investigado en un juzgado de Melilla por "homicidio por imprudencia profesional" en un caso relacionado con la muerte de una paciente en el hospital Comarcal de Melilla.

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María Asunción Rojas, hasta ahora vicepresidenta y compañera de lista de Benazzouz en las pasadas elecciones, asumirá el cargo "en funciones", según fuentes del Colegio de Médicos.

Benazzouz es uno de los cinco profesionales del hospital investigados por la muerte en julio de 2014 de Francisca Gutiérrez, de 59 años, tras sufrir una reacción alérgica al contraste yodado utilizado para realizarle un TAC en la zona del riñón.

Según los escritos de la Fiscalía e informes incluidos en el sumario del caso, el centro sanitario falló en las medidas a adoptar para evitar estos incidentes. En primer lugar, según afirma la familia, Gutiérrez no fue preguntada por esta alergia al llegar con sus parientes al servicio de urgencias el 9 de junio de ese año, lo que impidió que se le colocaran la pulsera que debía alertar de su hipersensibilidad al contraste.

Posteriormente, y pese a que la alergia estaba recogida en dos ocasiones en la historia clínica, Benazzouz prescribió el TAC sin rellenar en el volante el recuadro en el que deben hacerse constar estos riesgos. El facultativo, que hoy ha declinado hablar con este diario, explicó hace unos días que desde su posición de médico de urgencias no tenía forma de saber que Gutiérrez era alérgica: "Cuando empecé el turno aquella mañana [del 10 de junio], ella ya estaba ingresada. No constaba la alergia en las hojas clínicas. Ella tampoco dijo nada. Luego supe que la última anotación que había sobre ello en la historia clínica databa de 2005", afirmó.

Por último, la Fiscalía critica que Gutiérrez no fuera informada por escrito de los riesgos del TAC antes de su realización. "No consta que la paciente diera su consentimiento por escrito a la práctica de la prueba", sostiene el ministerio público, que censura que "el hospital se limite a decir que la paciente fue informada de ella verbalmente".

Los médicos del hospital aseguran que Gutiérrez no avisó de que era alérgica cuando se le explicó que se le iba a aplicar el contraste. La familia sostiene que "en todo caso era responsabilidad de los médicos mirar la historia clínica". "Mi madre no tenía muy buena salud. Era diabética, había sufrido más de un ictus y tenía otros achaques. Le habían hecho muchas pruebas", explica Marina, su hija. "Aquel día, además, no se encontraba bien. Había ingresado al hospital con vómitos y dolor en el costado. Había dormido mal. Tenía 59 años. No se le puede culpar a ella por algo que era obligación de los médicos", añade.

Los informes incluidos en el sumario del caso y recogidos por el fiscal detallan lo ocurrido después de la prueba: "Al salir del servicio de Radiología, [la paciente] empezó a presentar síntomas de insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica y deterioro progresivo", recogen los documentos. "Su estado fue empeorando progresivamente, presentando finalmente un fracaso multiorgánico que causó su fallecimiento" tras estar ingresada 35 días en la UCI, sigue el texto.

Un escrito del Instituto de Medicina Legal de Melilla considera que "sin duda, existe algún nexo de causalidad entre la Administración del medio de contraste radiológico [...] y la aparición de complicaciones que condujeron al desenlace final".

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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