Expulsado del Ejército el militar de La Manada

El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco miembros de La Manada condenado por la Audiencia Provincial de Navarra a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados a una joven en los sanfermines de 2016, ha sido expulsado del Ejército. El Ministerio de Defensa no ha esperado a que haya una sentencia firme del Supremo para rescindir el contrato de Cabezuelo, de 30 años de edad, que tenía garantizada su permanencia en filas hasta cumplir los 45.

El Ejército ha aplicado el artículo 10.2 de la Ley de Tropa y Marinería de 2006, que prevé la rescisión del compromiso de los militares temporales en caso de "condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y la pena impuesta", tras la "tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado". Fuentes militares han explicado que la ley no especifica que la condena tenga que ser firme para abrir el expediente administrativo de expulsión del Ejército. No obstante, en el caso de que fuera finalmente absuelto el Supremo, podría pedir el reingreso.

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Cabezuelo ya está preparando el recurso de reposición contra la resolución del Ministerio de Defensa, por entender que no se ha hecho una interpretación conforme a la ley de los términos "condena por delito doloso. "La decisión es injustificable y demagógica que no respeta la presunción de inocencia", señala a este diario Agustín Martínez Becerra, abogado del militar. "La resolución del ministerio fue adoptada hace 10 días, que es cuando se nos notificó y no es firme, ya que cabe recurso de reposición y después recurso contencioso-administrativo. No se entiende por qué la han hecho pública si ni siquiera es ejecutable", sostiene. "Cabezuelo tiene otras condenas por delitos relacionados con peleas tumultuosas y a nadie se le ocurrió expulsarlo entonces", asegura el letrado.

Defensa publicó la resolución por la que Cabezuelo pierde su condición de militar esta mañana. Tras conocerse su ingreso en prisión, el militar de La Manada fue suspendido en funciones. Una vez transcurridos seis meses, el Ministerio de Defensa se vio legalmente obligado a levantar esa suspensión y reincorporarlo al servicio activo, si bien no se le asignó destino. En esta situación, Cabezuelo, aunque no trabajaba, cobraba la retribución básica y el complemento correspondiente a su empleo, pero no percibía los complementos específicos asociados al destino. Cabezuelo no era militar de carrera, sino que había firmado un contrato con las Fuerzas Armadas que lo vinculaba con la institución hasta los 45 años.

Antes de ser detenido y condenado por el abuso sexual de una joven durante los sanfermines de 2016, Cabezuelo prestaba servicio en el II Batallón de la Unión Militar de Emergencias en Morón (Sevilla). Además de la causa de Pamplona, el militar está imputado por otro delito de abuso sexual por un caso similar en Pozoblanco junto con otros tres miembros de La Manada. Sobre él pesa, además, otra acusación por maltrato, por abofetear a la víctima cuando ella se negó a practicarle una felación.

Por otra parte, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, miembro también de La Manada y condenado por la Audiencia Provincial de Pamplona, sigue en servicio activo sin destino. Fuentes de la Guardia Civil explicaron que hasta que no haya condena firme no podrá ser expulsado ya que el régimen del personal del instituto armado es deferente al del Ejército y Guerrero tiene la condición de permanente y no un contrato temporal como el soldado Cabezuelo.

El 7 de diciembre es la fecha fijada por el Tribunal Supremo para la deliberación y el fallo sobre el recurso contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Navarra. La notifiación de la sentencia podría demorarse un mes más si no hay votos particulares.