Este feminismo no es el mío

A raíz de la furibunda y antidemocrática reacción del Gobierno ante el registro del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) se ha reavivado el debate sobre la prostitución. Abolición o legalización (regulación) aparecen como únicas alternativas. La realidad de la prostitución es bastante compleja, llena de luces y sombras que no deben ser obviadas en las políticas públicas. El mundo ideal que nos gustaría como feministas se sitúa en el plano del debate y las políticas públicas feministas* deben ir encaminadas a mejorar las situaciones que habitan las mujeres. Estas situaciones son complejas y algunas de ellas muy lamentables. Este es el caso de las trabajadoras sexuales: invisibilizadas, estigmatizadas, obligadas a trabajar en situaciones de riesgo y sobreexplotación que no han escogido aunque hayan decidido ejercer este trabajo por falta de reconocimiento, protección y amparo legal como trabajadoras, sufriendo normativas municipales que las obligan a trabajar clandestinamente en sitios peligrosos… Las políticas públicas deberían ir encaminadas a mejorar esta situación.

Considerarlas víctimas obligadas a ejercer la prostitución implica invisibilizar a todas las que se consideran trabajadoras y que se han dejado oír con fuerza desde sus organizaciones. Escucharlas es imprescindible para acertar en las medidas políticas.

Por el contrario, el Gobierno, basándose en ciertas posiciones feministas, les niega el derecho a montar un sindicato ¡Indignante! ¿En nombre de qué principio feminista se les impide un derecho constitucional? El argumento más repetido: detrás están los proxenetas. Una vez más, parece que las mujeres no tenemos voz propia, que nos mandan los hombres, idea que me entristece cuando además es esgrimida en nombre del feminismo.

Los debates a favor o en contra de la prostitución me parecen un absurdo al igual que el propio objetivo de abolirla aquí y ahora. En la práctica esto significaría la prohibición de la prostitución, como en Suecia, obligando a quienes trabajan en ello a abandonarla aunque no quieran, despreciando su voz, sus decisiones, su realidad y lo que ellas plantean para mejorarla.

Políticas públicas democráticas y feministas son aquellas que escuchan a las protagonistas y amplían sus derechos para combatir las diversas discriminaciones. ¿Por qué no ocurre con las prostitutas? ¿En nombre de qué valor feminista se conculcan los derechos humanos de estas trabajadoras? Este feminismo no es el mío ni el de muchas más mujeres. Apuesto por un feminismo integrador y no excluyente que atienda todas las situaciones de discriminación en las que se encuentran las mujeres. Y en este caso, desde un análisis estructural, integrar a las trabajadoras del sexo en las propuestas feministas me parece imprescindible para abrir brechas en el orden heteropatriarcal. Las putas son “las otras” imprescindibles para configurar un “nosotras” feminista.

* Pongo feministas en cursiva porque en nombre de un determinado feminismo (que se considera el único verdadero) se pretende negar los derechos y la propia existencia de mujeres trabajadoras del sexo y de sus sindicatos.

Cristina Garaizabal  es activista feminista y pertenece al Colectivo Hetaira