Vía libre a la ley que permite explotar económicamente los parques nacionales

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, únicamente con los votos del Partido Popular, la Ley de Parques Nacionales que, entre otras cosas, por primera vez permite usos turísticos en estos espacios protegidos, al autorizar, por ejemplo, la navegación en el de Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama. El texto se ha aprobado sin uno de los puntos más polémicos que contuvo en las primeras versiones: la posibilidad de urbanizar en estas 15 joyas de la naturaleza. El grupo popular introdujo una enmienda en junio pasado para rectificar el proyecto gubernamental, impulsado por el exministro Miguel Arias Cañete.

Esta ley medioambiental introduce también como novedad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en caso de mala conservación por parte de las autonomías, catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro la riqueza natural de estos enclaves, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad. Se ha discutido y votado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Todos los grupos de la oposición han votado en contra porque consideran que invade competencias de las autonomías y porque resta protección a los parques nacionales, según lo que han manifestado los diputados en sus intervenciones.

La organización Ecologistas en Acción ha advertido de que la ley equivale a abrir las puertas al negocio en estos enclaves. "La máxima figura de conservación natural se degrada con las excepciones incluidas", ha manifestado la organización. Los parques nacionales "corren el riesgo de convertirse en parques temáticos, si la ley sale adelante sin cambios", ha añadido, y ha destacado la falta de consenso social. Una portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha afirmado que "los usos turísticos en los parques nacionales están recogidos desde 1916" y que "su esencia es precisamente no solo la conservación sino también su disfrute". Ha añadido que actualmente hay más de 30 empresas turísticas operando en parques nacionales.

El proyecto ha sido muy controvertido desde el inicio y ha sufrido importantes retrasos en su tramitación. El anteproyecto fue rechazado de plano por el Consejo de Estado, que consideró que invadía competencias de las autonomías y planteó dudas acerca de su constitucionalidad. El organismo llegaba a instar al Gobierno a reconsiderar “la totalidad del texto”. Sin embargo, el dictamen fue favorable a la presentación del texto al Consejo de Ministros.

La gestión de los parques nacionales ha generado tradicionalmente muchas fricciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que han elevado sus quejas a los tribunales. El Consejo de Estado se quejó de la urgencia con la que le pidió el Gobierno el dictamen (eso fue en enero pasado y no se ha votado hasta hoy) y le acusó de haber copiado literalmente la mayor parte de los artículos de la ley anterior, de 2007, socialista. 

La caza es otro de los aspectos controvertidos de la nueva ley, que la considera una actividad incompatible con los usos de un Parque Nacional, pero se reserva la figura del control de poblaciones –en el que se matan animales- y que se viene utilizando para permitir la caza. Formaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en Acción, WWF o Greenpeace han reclamado que se especifique que ese control de poblaciones solo podrán realizarlo técnicos del parque, y que no se deje en manos de cazadores.

Posibilidad de edificar

El Partido Popular rectificó en junio pasado uno de los puntos más polémicos de la futura Ley de Parques Nacionales, el que dejaba la puerta abierta a aprobar algún tipo de urbanización o edificación en las 15 grandes joyas naturales del país. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en enero pasado incluía un nuevo motivo de controversia: una excepción a la norma general que impide construir en los parques. El grupo parlamentario del PP, mediante una enmienda, rectificó la redacción que salió del Gobierno.

El texto que puso en guardia a los ecologistas decía que quedaban exentos de la prohibición general de construir tanto los parques nacionales que ya incluyan suelos urbanos —en Monfragüe y en Picos de Europa hay pequeños núcleos de población— como los “susceptibles de transformación urbanística”.

No solo los ecologistas y expertos consultados por EL PAÍS consideraron que esa frase abría la puerta a las intervenciones urbanas en estos santuarios de la naturaleza. También los partidos políticos de la oposición, que lo incluyeron en sus enmiendas. El Gobierno, sin embargo, siempre ha negado que esa fuera su intención. “No nos vamos a dedicar a construir casas en los parques nacionales”, dijo ante la polémica el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. La portavoz ministerial ha asegurado hoy que la enmienda del PP "mejoró la redacción de ese artículo", y que el texto nunca contempló excepciones a la norma de no construir.

Según la portavoz de medioambiente del PP en el Congreso, Teresa Lara, se ha introducido una enmienda que viene a apuntalar únicamente el reconocimiento de la existencia de núcleos urbanos en los Parques Nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe, que ya estaban contemplados en las respectivas leyes declarativas de ambos espacios, informa Efe. Estos núcleos son los de Oseja de Sanambre y Posada de Valdeón, en Picos de Europa, con una población inferior a los 500 habitantes en cada uno de ellos, y el de Villarreal de San Carlos, en Monfragüe, con una treintena de habitantes.